Acciona usó terrenos municipales sin permiso en La Serena: concejales llevaron el caso a Contraloría

Cuatro concejales de La Serena, Rayén Pojomovsky, Matías Espinosa (PS), Cristian Marín y Gladys Marín, presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República por el uso de terrenos municipales aledaños a las obras del nuevo Hospital de La Serena.

Según la denuncia, durante las lluvias de julio de 2026 la obra se inundó y Acciona, la empresa española que controla la sociedad concesionaria, excavó o usó como piscinas de descarga los lotes A-5 y A-7, ubicados en calle Braulio Arenas Carvajal. El lote A-5 está entregado en comodato al Cuerpo de Bomberos de La Serena desde 2021. El A-7 está destinado desde 2022 al futuro CESFAM Cardenal Caro Oriente (Radio Nuevo Mundo).

Los concejales afirman que no existe decreto, permiso, concesión, contrato ni acuerdo del Concejo que autorice esa ocupación. Tampoco consta, dicen, que la Dirección de Obras Municipales (DOM) haya fiscalizado, cobrado derechos o exigido la restitución de los terrenos.

Un oficio sin respuesta

El 26 de agosto, los ediles enviaron a la alcaldesa el Oficio Interno Ordinario N° 35/26. En él pidieron el fundamento legal del uso de los lotes, los derechos municipales percibidos, la identidad de quien ocupaba los terrenos y un informe de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN).

El plazo legal de 15 días hábiles venció el 16 de septiembre sin respuesta (Diario El Día).

"Los bienes municipales son de todos los serenenses", sostuvo la concejala Pojomovsky. Si una empresa ocupa un terreno público, agregó, debe haber "un permiso, un pago y una fiscalización". "Aquí no vemos ninguna de las tres cosas, y por eso recurrimos a Contraloría".

"El silencio de la alcaldía no es una opción", afirmó el concejal Espinosa. Cristian Marín añadió que "ninguna obra, por importante que sea, está por sobre la ley", mientras Gladys Marín advirtió, sobre el terreno del futuro CESFAM: "No podemos permitir que se dañe ese suelo".

Los cuatro concejales aclararon que respaldan la construcción del hospital. "No estamos condenando anticipadamente a nadie", dijo Cristian Marín.

Qué piden a Contraloría

La presentación solicita:

• Una investigación especial para determinar bajo qué autorización se usaron los terrenos y quién la otorgó.
• Establecer si correspondía cobrar derechos municipales.
• Revisar la actuación de la Dirección de Obras Municipales.
• Ordenar al municipio responder el oficio pendiente.
• Instruir un sumario administrativo, si corresponde.
• Informar al Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones y la Inspección Fiscal del contrato.

La alcaldesa: "Petición verbal" y convenios previos

El 7 de octubre, menos de 24 horas después del ingreso de la denuncia, la alcaldesa Daniela Norambuena respondió en la sesión del Concejo Municipal.

La SECPLAN y el equipo jurídico expusieron que existen convenios de colaboración con Acciona. El primero, firmado en 2022 bajo la administración del exalcalde Roberto Jacob, permitió usar parte del lote A-3 para faenas y para el acopio transitorio de tierra. Los convenios posteriores mantuvieron ese uso sin pago de arriendo, a cambio de obras viales y mejoras. Según el área jurídica, Contraloría ya objetó la figura administrativa utilizada, por lo que el municipio trabaja en reemplazarla por un arriendo o un comodato oneroso (Diario La Región).

Sobre las pozas, Norambuena explicó que, tras las lluvias, Acciona hizo una petición verbal para construir una piscina decantadora, luego de que el municipio le impidiera seguir vertiendo agua a la vía pública. "Lo que a mí no me parece es que desinformemos a la ciudadanía de esta manera", reclamó la alcaldesa.

Los concejales respondieron que su denuncia no apunta al lote A-3. "Hoy día se nos dio una explicación de la continuidad de un proyecto y un lote que no está en cuestionamiento", replicó Espinosa. "No se me ha informado en los tiempos requeridos y obligatorios. En ningún caso nosotros estamos desinformando", agregó Pojomovsky.

Ese mismo día, Norambuena ordenó una fiscalización inmediata de la DOM, que inspeccionó los terrenos. Es la primera inspección municipal conocida, casi tres meses después de las lluvias.

El administrador municipal: "Completamente irregular"

Horas después de la sesión, el administrador municipal, Gonzalo Arceu, dio una versión distinta en Mi Radio. Reconoció que el municipio no otorgó permiso para usar los terrenos y calificó la intervención como "completamente irregular".

"Nos encontramos con un trabajo de tierra que había, prácticamente una excavación para que el agua escurriera", describió. Arceu explicó que la empresa vertía el agua de la obra hacia la vía pública, lo que habría dañado pavimentos en el sector de Cuatro Esquinas.

El administrador rechazó que existiera un acuerdo verbal, aunque la alcaldesa lo había mencionado en el Concejo. Anunció que la DOM prepara un informe y que, si corresponde, se multará a la empresa. Además, aseguró que se pidió restituir los terrenos a su condición anterior durante octubre y que "los proyectos de Bomberos y Carabineros no están en riesgo".

Dos versiones en un mismo día

En la mañana del 7 de octubre, ante el Concejo, la alcaldesa atribuyó las pozas a una petición verbal de Acciona y defendió los convenios vigentes con la empresa, aunque su exposición se centró en el lote A-3, que los concejales no cuestionan. Por la tarde, su propio administrador municipal descartó cualquier acuerdo de palabra, reconoció la excavación en los lotes denunciados y calificó la intervención de "completamente irregular". En menos de un día, la explicación del municipio pasó de una autorización informal a la admisión de que no hubo permiso alguno.

Análisis: un hospital necesario y bienes públicos sin resguardo

El caso no pone en duda el nuevo Hospital de La Serena, una obra de US$271 millones y 668 camas que atenderá a más de 723 mil personas de la región. Lo que está en discusión es cómo el municipio resguarda sus propios bienes frente a una gran empresa.

La ocupación ya suma casi tres meses y el municipio no ha informado si cobrará derechos por ella, aunque la Ley de Rentas Municipales (DL 3.063) regula el pago por el uso de bienes municipales. Tampoco se conoce un permiso, decreto o acto escrito que respalde el uso de los lotes: la única autorización mencionada es una petición verbal que el propio administrador municipal desmiente.

A ello se suma el oficio de los concejales, que la alcaldía dejó vencer pese a que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la obliga a responder dentro de plazo. Y queda pendiente el posible daño a los suelos: los ediles advierten que la saturación de agua podría afectar los terrenos donde se levantarán el cuartel de Bomberos y el CESFAM Cardenal Caro Oriente.

El municipio se comprometió a restituir los terrenos antes del 31 de octubre. Hasta entonces, la respuesta de Contraloría y el informe de la DOM definirán si el caso se cierra con una multa o abre responsabilidades administrativas.