«¿Detención o intimidación?»: 34 cuentas de contenido político acusan al Gobierno de detener a críticos de Kast
La carta, difundida como carrusel en redes sociales, sostiene que al menos seis personas fueron detenidas desde agosto "por escribir contra el Presidente". Los casos conocidos se investigaron como amenazas contra la autoridad y en tres de ellos los tribunales le dieron la razón a la defensa.

Treinta y cuatro cuentas de contenido político que se definen de izquierda, con más de 1,6 millones de seguidores en conjunto según sus propios datos, publicaron una carta abierta en la que acusan al Gobierno de José Antonio Kast de usar al Estado "para castigar a quien disiente". El texto, titulado "¿Detención o intimidación?", aparece mientras diputados y organizaciones de derechos digitales piden explicar cómo Meta entrega información de sus usuarios a la PDI.
"En Chile se está deteniendo gente por opinar en contra del gobierno de Kast", afirma la carta, fechada en noviembre de 2026. La firman, entre otras, las cuentas Memento por Chile, Barricada Informativa, Politikcl, Arrepentido de Kast, Desde la Base Noticias, Frente Cacerola y Santiago Alerta.
Qué denuncia la carta
Según los firmantes, desde agosto al menos seis jóvenes de entre 17 y 32 años, de Talca, Chillán, Linares, Lampa y San Pedro de la Paz, fueron detenidos por publicaciones contra el Mandatario. Afirman que Meta reportó los mensajes, uno de ellos escrito en un chat privado de amigos, y que la Fiscalía pidió arraigo, firma mensual e incluso la prohibición de comunicarse digitalmente con el Presidente.
El texto traza un límite: "Una amenaza real de muerte no es libertad de expresión y debe investigarse". Lo que rechaza, dice, es "tratar la rabia y la hipérbole política como delito", detener antes de citar e imponer medidas cautelares "como forma de censura".
La carta suma otros episodios: la llamada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a una influencer para que bajara un video, la reforma que permitiría un estado de excepción de hasta 240 días sin aprobación del Congreso y las 56 rebajas de condena firmadas durante este Gobierno. También compara la situación con El Salvador de Nayib Bukele y la Argentina de Javier Milei.
Los firmantes piden a la Fiscalía "criterios estrictos para distinguir amenazas de opiniones"; al Gobierno y a la PDI, transparentar sus acuerdos con Meta; y al Congreso, al INDH y a la Defensoría Penal Pública, fiscalizar estas causas. Se comprometen a no "bajar el tono" y a denunciar como arbitraria cualquier detención en su contra.
Qué muestran los casos
Radar Diario revisó lo publicado sobre cada detención y documentos judiciales de dos de ellas. Todas se investigaron como amenazas contra la autoridad, pero el contenido de los mensajes y la respuesta de los tribunales varían bastante de un caso a otro.
Talca, 14 de agosto. La PDI detuvo a una mujer de 23 años que publicó en Instagram un mensaje que aludía a un arma de fuego ("Ahora mismo agarro mi glock", tituló Emol). La alerta llegó desde Meta. Quedó con arraigo nacional y firma mensual (Emol).
San Pedro de la Paz, 19 de agosto. Según la apelación de la Fiscalía, revisada por Radar Diario, la denuncia la hizo un suboficial de la Sección de Búsqueda de Información del Grupo Escolta Presidencial de Carabineros. En su declaración, el funcionario dice que esa unidad busca "potenciales amenazas en contra del Presidente de la República" en todo el país y que encontró el video un día después de publicado, pero no explica cómo dio con él. El expediente tampoco menciona una alerta de Meta. El 13 de agosto, un hombre de 30 años publicó en Facebook e Instagram un video en el que, mientras limpiaba un objeto que simulaba una pistola, decía que sería buena idea "matar un par de perros" y nombraba a Kast y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; luego apuntaba a la cámara e imitaba un disparo. El OS9 lo detuvo el 19 de agosto. En la formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la jueza rechazó el arresto domiciliario total que pedía la Fiscalía y decretó arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse y de comunicarse con las víctimas.
El 30 de octubre, otro juez del mismo tribunal, Cristián Sánchez, sobreseyó definitivamente la causa. Concluyó que la amenaza no era verosímil: el objeto parecía un juguete, con estética de cómic, y el mensaje era ambiguo. La defensa había sostenido que el video era una sátira publicada en una cuenta de humor y que el "arma" era un encendedor.== La Fiscalía apeló y la causa está ahora en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Lampa, comienzos de septiembre. Una mujer fue detenida por incitar en Instagram a atentar contra Kast (CNN Chile). El Juzgado de Garantía de Colina decretó arraigo nacional, prohibición de acercarse al Presidente y prohibición de comunicarse con él por medios telemáticos (The Clinic). Esa es la cautelar "digital" que menciona la carta.
Cunco, 5 de septiembre. Este caso no aparece en la carta, pero la diputada Fries lo incluye en su recuento. Según resoluciones del Juzgado de Garantía de Temuco revisadas por Radar Diario, la Fiscalía investiga una publicación hecha el 30 de agosto en un grupo público de Facebook: una imagen intervenida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al exsenador Jaime Guzmán, ambos con una herida de bala en la frente y sin texto. La Fiscalía la calificó como amenazas a ministro de Estado, delito del artículo 264 del Código Penal. Con información aportada por Meta y Google, la PDI identificó al autor, un hombre de 44 años, y el tribunal autorizó su detención, el registro de dos domicilios en Cunco, la incautación de sus equipos electrónicos y la baja de la publicación. La causa sigue en investigación: la Fiscalía pidió ampliar el plazo y el tribunal fijó una audiencia para el 2 de diciembre, en la que también se discutirá el cierre de la investigación.
Chillán, 29 de octubre. La PDI detuvo a una mujer de 22 años tras una alerta de Meta, en plena visita presidencial a Ñuble. Según Mega Investiga, el mensaje se escribió en un chat entre amigos. La Fiscalía pidió arraigo y prohibición de acercarse a la víctima; el Juzgado de Garantía de Chillán rechazó ambas y la dejó sin cautelares. Su defensor, Antonio Guerra, sostuvo que el hecho no constituye el delito imputado (Meganoticias).
Linares, fines de octubre. Una estudiante de 17 años fue detenida por una publicación en Instagram (Linares en Línea). El Juzgado de Garantía declaró ilegal su detención (BioBioChile).
Qué responden el Gobierno y la PDI
Tras la detención de Talca, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el hecho como grave y afirmó que "el respeto a la autoridad es algo que tenemos que reinstaurar" (T13).
La PDI explicó a Emol que Meta revisa sus plataformas y deriva a las policías los casos que podrían ser delito. El comisario Danic Maldonado, de la Brigada de Cibercrimen Metropolitana, precisó que la policía no hace una calificación jurídica: reúne antecedentes y los reporta a la Fiscalía, y todas las alertas se tratan como serias (Emol). Hasta ahora no se ha hecho público un convenio formal entre la empresa y la policía.
Sobre el video de la influencer Catalina Schaerer ("Mamá sin caos"), el Ministerio de Desarrollo Social confirmó que pidió eliminarlo, pero descartó haber presionado (El Desconcierto).
La propia Schaerer dijo que nadie la obligó a bajarlo, aunque calificó de "desleal" que luego el ministerio sugiriera que grabar la reunión rayaba en la ilegalidad (BioBioChile).
En cuanto al estado de excepción, el Presidente Kast ha defendido que se aplicaría en perímetros acotados para combatir el crimen organizado (CNN Chile). Los 240 días sin control del Congreso, sin embargo, también fueron cuestionados desde el oficialismo, por Evópoli, RN y el Partido Nacional Libertario (El Economista).
¿Desde cuándo pasa esto?
No está claro desde cuándo Meta avisa a la policía chilena. La PDI explicó que fue la propia empresa la que se acercó a los países para entregar información en estos casos, pero no ha dicho en qué fecha, y no hay un convenio público que lo establezca (Emol). Tampoco se sabe si Google, que aportó datos en el caso de Cunco, lo hizo por iniciativa propia o porque se los pidieron en la investigación.
Lo que sí muestra la prensa es que el mecanismo no se usa solo cuando el amenazado es el Presidente. En agosto de este año, alertas de Meta permitieron detener a una estudiante de 19 años que anunció una bomba en la Universidad de Chile (24horas) y a una exalumna de 17 años que amenazó de muerte a la rectora del Instituto Nacional (Emol).
Las detenciones por amenazas contra el Mandatario tampoco son nuevas. Durante el gobierno de Gabriel Boric, la Brigada del Cibercrimen de la PDI detuvo en 2022 a un joven que amenazó al Presidente y a su familia (T13) y en 2023 ubicó a un hombre de 68 años que le había enviado correos con amenazas de muerte (T13). En esos casos la policía llegó a los autores con su propio análisis de redes y correos, y la prensa no informó alertas de las plataformas.
Con lo que se sabe hasta ahora, no es posible afirmar que el canal con Meta haya nacido con este Gobierno. Lo que sí se ha concentrado en estos meses es el número de detenciones por mensajes contra el Presidente, varias de ellas a partir de esas alertas. En agosto, la organización Confianza Digital pidió por Ley de Transparencia a la PDI, a Carabineros y a la Fiscalía los acuerdos y protocolos que tienen con Meta (El Desconcierto); las respuestas no se han hecho públicas.
Fiscalización en curso
La carta se suma a una discusión que ya estaba abierta. La diputada Lorena Fries (FA) ofició a la PDI y a la Defensoría Penal Pública para conocer el fundamento del mecanismo de alertas de Meta y cuántas detenciones ha originado.
"No toda amenaza debe ser investigada, tiene que ser verosímil", dijo la diputada (T13).
Los diputados Irací Hassler (PC) y Gonzalo Winter (FA) también oficiaron al Gobierno, mientras una docena de organizaciones, entre ellas Derechos Digitales y la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión (CoFLE), pidieron a Meta y a las autoridades transparentar el traspaso de datos. La organización Confianza Digital prepara acciones judiciales (El Desconcierto).
Las comparaciones de la carta
Algunas cifras internacionales que usa el texto tienen respaldo. La ONG Cristosal documentó 86 personas detenidas por motivos políticos en El Salvador, acusación que Bukele rechaza (RTVC). Y una encuesta del Iudop de la Universidad Centroamericana (UCA), de 2025, mostró que casi seis de cada diez salvadoreños creen que criticar al Presidente puede traerles consecuencias negativas (24horas). Radar Diario no pudo verificar de forma independiente lo que la carta afirma sobre la Policía Federal argentina.
Sobre las 56 rebajas de condena, el Ministerio de Justicia las concedió a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad; el Presidente reconoció un "error" y mantuvo al ministro Fernando Rabat.
"Con uno bastaba. Que no haya un próximo", cierra la carta, que llama a seguir a las cuentas firmantes y a compartir el texto.
Firmantes: Memento por Chile, Barricada Informativa, La Singularidad, Memesterio de Incomunicaciones, Politikcl, Arrepentido de Kast, Con mi voto no fue, Fotos Unidad Popular Chile, memes_porchile, Mariana Isabel cl, Contingencia Política, Oposición al Kast, cape_zurdita, Elíazhgram_, Chilenitos Infelices, Julián Avendaño (Oveja Rojas), Sandro el Pintanero, Memes Comewawas, Desde la Base Noticias, Movimiento Fem NNA, La Secon, Frente Cacerola, Santiago Alerta, Gatita_indoor, Un Rojo Amanecer, Cuadernos_Rojos, Frente Digital SYNCO Chile, Nelson Vicente (vicentenrz), Angel o Demonio, Canal 9 de Noticias, bot_cazador, Qué chucha dijo un facho, Emientesisypolitica y Talca en la Calle.



