Despiden por "crisis", pero contratan más personal: honorarios casi se duplican en La Serena

La Municipalidad de La Serena y su Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV) aumentaron significativamente su personal mientras la alcaldesa Daniela Norambuena (RN) justificaba despidos masivos en un déficit heredado superior a $9.000 millones. Así lo revelan documentos a los que tuvo acceso este medio, que forman parte de una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República.

Mediante el Oficio N° OF189610, del 5 de octubre, la Contraloría Regional de Coquimbo informó que la denuncia será considerada como insumo en su proceso de planificación, instancia en la que se definen las entidades y materias que serán auditadas.

La denuncia llega en un momento sensible para la CGGV. El mismo 5 de octubre, la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó las condenas por el fraude al fisco de más de $762 millones cometido en su Departamento de Salud entre 2019 y 2024. En ese caso, el tribunal estableció que la Corporación cumple funciones públicas y administra recursos públicos.

Más contrataciones

Desde fines de 2024, la alcaldesa ha justificado las desvinculaciones con la necesidad de "ordenar la casa". Sin embargo, las planillas publicadas por el propio municipio muestran lo siguiente:

• Honorarios: en enero de 2025, al inicio de la actual gestión, había 583 personas a honorarios, con un costo de $577 millones mensuales. En abril de 2026 eran 926 personas, con un costo de $1.030 millones al mes.
• Código del Trabajo: el promedio mensual de contratados en el municipio pasó de 113 en 2024 a 223 en 2025.
• Abogados: los abogados municipales a honorarios y contrata aumentaron de 18 en noviembre de 2024 a 34 en abril de 2026. Además, otros 11 trabajan en la CGGV, lo que suma 45 en total. Solo en el municipio, el gasto mensual en abogados se duplicó: pasó de $38 millones a $75,8 millones.
• Periodistas: pasaron de 10 a 15, y el gasto mensual en ellos subió de $10,4 millones a $30,3 millones.
• Indemnizaciones: el Concejo aprobó 77 acuerdos con extrabajadores que demandaron al municipio, por $983 millones a junio de 2026. Esa cifra no incluye los juicios todavía en curso.

¿Ajuste o recambio?

Según los cálculos de la denuncia, el mayor gasto en personal desde 2025 superaría los $7.500 millones a junio de este año.

Al asumir, Norambuena anunció que los cargos de confianza del exalcalde Roberto Jacob deberían salir. Días después, al iniciar los despidos, sostuvo que el municipio arrastraba un déficit superior a $9.000 millones.

Las planillas, sin embargo, apuntan más a un recambio que a un ajuste. De los 18 abogados que trabajaban en el municipio en noviembre de 2024, solo 8 seguían en abril de 2026, y en su lugar ingresaron 26 nuevos. En el área de prensa, de 10 periodistas solo quedaron 2, y se sumaron 13.

Entre los 77 acuerdos con extrabajadores aprobados por el Concejo, 12 corresponden a demandas de tutela de derechos fundamentales, por un total de $162 millones.

La denuncia también identifica contrataciones de personas con trayectoria o vínculos políticos y pide a Contraloría revisar si se ajustaron a las necesidades del servicio y al principio de probidad:

• Mario Burlé, concejal de Coquimbo y exintendente de la región, figura contratado a honorarios desde febrero como asesor jurídico de la CGGV, con $2,24 millones brutos mensuales. Según la denuncia, ese ingreso no aparece en su declaración de intereses.
• Pablo González Carcey, cientista político y socio de una agencia publicitaria, figura como asesor de marketing e imagen corporativa. Según sus propias redes sociales, participó en las campañas de Sebastián Sichel y del presidente José Antonio Kast. Su decreto de contratación no está publicado.
• Dinka Herrera, excandidata de la UDI a la alcaldía de La Higuera en 2024, trabaja como apoyo en prevención de riesgos en la CGGV. Es esposa del exalcalde de esa comuna Yerko Galleguillos (UDI), contra quien la actual alcaldesa de La Higuera presentó una querella tras un informe de Contraloría que detectó irregularidades en su gestión.
• Javiera Adaro, exdirectora regional de Fundación Integra durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, figura en la nómina de la CGGV. Es esposa del alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, militante de Renovación Nacional, el mismo partido de la alcaldesa Norambuena.

Contratar personas con militancia o trayectoria política no es ilegal en sí mismo. La denuncia pide que sea Contraloría la que determine si existe conflicto de interés.

Familiares en la nómina

El caso más llamativo es el de Marcelo Gutiérrez (RN), exgobernador provincial de Elqui y colaborador de Norambuena desde la Intendencia. En noviembre de 2025 asumió como secretario general de la CGGV y actualmente se desempeña como Jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Serena, quien asumió el cargo en marzo de 2026 tras una reestructuración de jefaturas y delegaciones anunciada por la alcaldesa Daniela Norambuena.

Su madre había sido contratada en la misma Corporación en julio de ese año, con cerca de $3,1 millones brutos mensuales. En junio de 2026, ya con su hijo como máxima autoridad administrativa de la entidad, su remuneración subió a $3,8 millones. Según la denuncia, Gutiérrez además recibió durante dos meses remuneraciones simultáneas del municipio y de la Corporación.

No es el único caso. La hermana de una abogada municipal, asistente de párvulos de profesión, ingresó en abril de 2025 para asesorar directamente a la Administración Municipal, incluida la revisión de los documentos que firma a diario el administrador municipal. En julio de 2026 pasó a la planta municipal.

La Ley Orgánica de Municipalidades prohíbe que los parientes del alcalde y de los concejales ejerzan funciones de administración en las corporaciones municipales. A su vez, la ley de bases de la Administración del Estado considera falta a la probidad que una autoridad intervenga en asuntos en que tengan interés sus parientes. En el caso de la CGGV, la pregunta es si el aumento de remuneración de la madre del secretario general fue autorizado por él o por alguien bajo su dependencia.

Información que no está

Los antecedentes advierten además que los decretos de contratación no están publicados en el portal de transparencia municipal. Del balance presupuestario trimestral, solo está disponible el del primer trimestre de 2025.