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Dominga: el caso pasa al Comité de Ministros de Kast

Andes Iron retiró sus recursos ante la Corte Suprema y el futuro del proyecto minero-portuario de La Higuera queda en manos del Gobierno. En paralelo, avanza una investigación penal por presunta corrupción judicial impulsada por Greenpeace y el abogado Mauricio Daza.

Dominga: el caso pasa al Comité de Ministros de Kast

La Corte Suprema dio por desistidos los recursos de casación y queja que Andes Iron había presentado en la causa del proyecto Dominga, según informó REDIMIN el 9 de octubre. Con eso, la Suprema no se pronunciará sobre el fondo y queda firme el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de febrero de 2026.

Qué significa el desistimiento

"No se dictará sentencia y, en consecuencia, volvemos a lo determinado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta", explicó a El Dínamo Antonia Berríos, abogada de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros. Según Berríos, la causa ya estaba en acuerdo: "la decisión estaba tomada por los Ministros de la Corte".

Andes Iron tiene otra lectura. "La Corte Suprema se encontraba tramitando estos recursos, lo que congeló el avance de las solicitudes de invalidación", explicó la empresa a La Tercera. Agregó que busca que "se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato".

La vía administrativa: cuatro solicitudes de invalidación

En junio, cuatro organizaciones pidieron invalidar la resolución con que el Comité de Ministros rechazó Dominga en enero de 2025. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) las admitió a trámite en septiembre, informó Diario El Día.

Ahora le corresponde al Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast decidir si invalida, total o parcialmente, ese rechazo. Una eventual invalidación no implica que el proyecto quede aprobado automáticamente, y por ahora no hay fecha para la decisión.

La querella de Greenpeace y el rol de Mauricio Daza

En mayo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella de Greenpeace por cohecho agravado y revelación de secretos, patrocinada por el abogado Mauricio Daza, reportó Meganoticias.

Según la querella, Andes Iron pagó más de $255 millones durante 2023 al estudio Lagos, Vargas & Silber. Sus socios, Eduardo Lagos y Mario Vargas, están imputados en la llamada "trama bielorrusa". La acción también cuestiona que el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus participara en un recurso de 2024 que favoreció a la empresa, pese a los vínculos que la querella le atribuye con ese estudio. Daza calificó el caso como "la punta de un enorme iceberg".

Andes Iron respondió que la querella "no tiene fundamento alguno". En agosto, la empresa se hizo parte en la causa como imputada por iniciativa propia. Según Daza, eso hace más urgente establecer "cuál fue el verdadero propósito de esos pagos". La investigación sigue en curso y ninguna de estas imputaciones ha sido probada.

Obras sin permiso definitivo y críticas de las comunidades

Andes Iron anunció el inicio de obras el 10 de agosto, aunque el proyecto no tiene una resolución de calificación ambiental vigente. Un informe de CONAF obtenido por la Alianza Humboldt detectó corta de vegetación nativa protegida sin un plan de trabajo aprobado. La empresa atribuye esos trabajos a la rehabilitación de pozos, según El Desconcierto.

"Dominga es un proyecto que ha concluido tres veces su evaluación ambiental con rechazo", recordó Nancy Duman, vocera de la Alianza Humboldt Atacama-Coquimbo. Carolina Bahamondes, presidenta de MODEMA, interpeló al Ejecutivo: "La pregunta para el gobierno es si es válido pasar por encima de la ética y del poder judicial".

La diputada Nathalie Castillo calificó la querella de Greenpeace como "de tremenda relevancia" y afirmó que "Dominga vuelve a demostrar algo que las comunidades vienen denunciando por años".

Cronología del caso Dominga

  • Enero de 2025: el Comité de Ministros vuelve a rechazar el proyecto.
  • Febrero de 2026: la Corte de Apelaciones de Antofagasta anula el fallo del Primer Tribunal Ambiental, con lo que se mantiene el rechazo.
  • Mayo de 2026: se admite la querella de Greenpeace por presunta corrupción judicial.
  • Junio de 2026: cuatro organizaciones piden invalidar el rechazo.
  • Agosto de 2026: Andes Iron anuncia el inicio de obras y se hace parte como imputada en la causa penal.
  • Septiembre de 2026: el SEA admite las solicitudes de invalidación y Andes Iron desiste ante la Suprema.
  • 9 de octubre de 2026: la Corte Suprema formaliza el desistimiento.
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