Los vínculos de Juan Manuel Fuenzalida con empresarios imputados en el Papaya Gate

A pocos días de conocerse que el Ministerio Público solicitó la formalización de ocho personas por el escandaloso caso Papaya Gate —entre ellos la exintendenta Lucía Pinto (UDI), altos funcionarios del GORE y empresarios regionales—, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) reaccionó con molestia, apuntando a supuestas “motivaciones políticas” tras el anuncio.

En entrevista con Mi Radio, el parlamentario dejó entrever su incomodidad por el momento en que se hizo pública la decisión judicial:

“Me parece curioso que a esta altura se anuncie el solicitar la fecha de formalización. No conocemos los argumentos, y va a quedar en el aire durante un mes sin saber por qué se formaliza”, declaró. “Obviamente tenemos que conocer los fundamentos, porque es distinto si te van a formalizar como encubridor, o si te van a formalizar como autor o coautor”, recalcó el parlamentario.

Pero mientras Fuenzalida insiste en poner en duda el “timing” judicial —acusando incluso presiones al Ministerio Público y aludiendo a casos que afectan al oficialismo, como los de Irací Hassler o Miguel Crispi—, poco ha dicho sobre su propio historial de vínculos con los protagonistas del cuestionado caso que remeció políticamente a la región.

Relación profesional con los empresarios imputados 🤝

Antes de iniciar su carrera parlamentaria, Fuenzalida ejerció como abogado litigante. Según consta en su ficha de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), prestó asesoría legal a diversas empresas en la Región de Coquimbo, entre ellas Ferretería Real (de Lorenzo Iduya) e inmobiliarias del grupo Daire Daud, dos de los principales nombres detrás de la millonaria venta de terrenos al Gobierno Regional que dio origen al Papaya Gate.

Dicha operación —cuestionada por Contraloría, Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado— permitió que un grupo de seis inmobiliarias, representadas por Iduya, los hermanos Daire y Pablo Bracchitta, vendieran terrenos al GORE por $9.800 millones, cuando los habían adquirido años antes por solo $485 millones. El caso derivó en una querella del SII por delitos tributarios y en una solicitud de formalización por fraude al fisco y evasión.

Una red empresarial con múltiples conexiones 🧠

El caso Papaya Gate reveló una estructura societaria compleja: más de 30 empresas, muchas bajo el nombre “Rentas Inmobiliarias Lote”, que compartían propiedad entre Iduya, los hermanos Daire y la familia Bakulic. Estas sociedades fueron utilizadas para adquirir, subdividir y transferir terrenos en sectores estratégicos de la conurbación La Serena-Coquimbo.

Fuenzalida no solo conocía a los empresarios involucrados, sino que mantuvo vínculos profesionales con ellos durante más de una década, representándolos en al menos 19 causas civiles —entre 2003 y 2017—, vinculadas a las personas que años más tarde participaron en la cuestionada venta de terrenos al Gobierno Regional.

A través del Poder Judicial (pjud.cl) es posible constatar que el diputado representó a diez sociedades ligadas a los empresarios regionales actualmente imputados: seis de Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga (BBCL), dos relacionadas a Karim Ale Daire Daud (una de ellas Sociedad Inversiones KAD Ltda que integra Rentas Alto Peñuelas S.A) y otra relacionada a Manuel Alejandro Daire Daud, empresa cuya representación también la tuvo a cargo con posterioridad el estudio jurídico de Luis Gastón Iver Hudson, actual secretario de Cidere e imputado por delitos tributarios en la misma causa (nota de El Norte).

Cercanía política con Lucía Pinto y postura frente a la investigación 🏛

No es primera vez que Fuenzalida sale en defensa de los imputados del Papaya Gate. Desde que en 2020 se conoció la transacción, ha adoptado una postura de minimizar el hecho y cuestionar las investigaciones.

Cuando Lucía Pinto, su correligionaria y exintendenta de la UDI, renunció tras el escándalo, Fuenzalida la respaldó públicamente y aseguró que “era lógico” que se apartara del cargo para defenderse. Luego, en 2021, votó en contra de las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, junto al entonces diputado (hoy senador) Sergio Gahona, también UDI, y Francisco Eguiguren (RN). Todos apuntaron a un “sesgo político” del informe, pese a que los hechos revelados incluían uso de información privilegiada, compras sin toma de razón y vínculos directos entre funcionarios y empresarios.

Pero lo que más llama la atención es que Fuenzalida fue parte de la comisión parlamentaria que revisó el caso y se ausentó de la sesión clave donde se votaron sus conclusiones. La decisión fue ampliamente criticada por otros diputados, que acusaron protección política a los suyos.

Imparcialidad en entredicho 🧵

Aunque Fuenzalida no enfrenta cargos, su cercanía con algunos de los principales imputados, tanto desde el plano jurídico como político, lo sitúa en una posición de conflicto. Su rol como abogado de confianza de algunos de los empresarios involucrados, sumado a su activa defensa pública de Lucía Pinto y su cuestionamiento a las instituciones que investigan el caso, plantean dudas sobre su imparcialidad.

Así indicó a Diario La Región, el senador Daniel Núñez (PC), querellante en la causa, quien señala que podría haber una suerte de pacto para proteger y defender a la exintendenta.

"No ha sido separada de las filas y tampoco sancionada. Incluso uno ve a diputados, como Juan Manuel Fuenzalida, que la defienden a brazo partido. Da la sensación de que existiría un pacto de silencio dentro de la UDI para defender a Lucía Pinto, porque me imagino que tienen miedo de que hable, ya que si lo hace tal vez nos enteremos de que hay más personas involucradas".

Su defensa pública, sus cuestionamientos a la Fiscalía y su voto en contra del informe de la comisión investigadora reflejan una mirada que, más que distanciarse, se alinea con quienes hoy enfrentan la justicia. Mientras la causa avanza, el debate sobre los límites entre la representación legal, los lazos políticos y la responsabilidad pública sigue abierto.