El municipio de Ovalle presentó una querella criminal contra Héctor Vega Campusano, candidato a alcalde de la misma comuna, además de todos quienes puedan resultar responsables, por presuntos delitos de fraude al fisco, usurpación de funciones y ocultamiento de documentos públicos. La acción judicial, primero revelada por La Región Estrella, expone un entramado de decisiones irregulares y actos administrativos sin sustento legal que habrían afectado a la administración de la comuna.
Nombramientos irregulares de Héctor Vega como alcalde subrogante
El conflicto se originó en el tercer periodo de Claudio Rentería como alcalde. En 2021, el municipio emitió el Decreto N° 5.395, nombrando a Héctor Vega como edil subrogante, seguido en la sucesión por Sergio Galleguillos y Glen Flores. Sin embargo, este decreto carecía de la aprobación del Concejo Municipal, requisito fundamental según la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 18.695). Este error dejó en entredicho la legalidad de la investidura de Vega.
Actuaciones sin validez y contratos adjudicados
A pesar de la falta de investidura, el candidato Vega continuó actuando como alcalde subrogante entre noviembre y diciembre de 2022. Durante ese periodo, aprobó contratos clave, como el proyecto de alcantarillado en Lagunillas y la extensión de la red de agua potable en Talhuén. Para justificar sus acciones, citó decretos de años previos que ya no eran válidos, manteniendo así su posición de forma irregular.
Advertencias ignoradas por la Dirección de Control
Leticia Cortés, directora de control del municipio, había advertido en 2021 sobre la falta de validez del Decreto N° 5.395. Sin embargo, en la reunión de 2022 donde se discutió el tema, no informó al Concejo ni a la Contraloría sobre la situación. En cambio, defendió la subrogancia de Vega, a pesar de conocer que esta era ilegal. Su actuar, según la querella, fue fundamental para sostener una administración carente de sustento legal.
Contrataciones y ocultamiento de información
En noviembre de 2022, Vega autorizó un contrato para la compra de juguetes a una empresa con permisos sanitarios falsificados, causando pérdidas al municipio. Al abandonar el cargo en 2023, ordenó el borrado de toda la información de su computador de trabajo, afectando la gestión de la Secretaría de Planificación y retrasando programas destinados a los vecinos. Este acto, para algunos, podría buscar ocultar pruebas relevantes.
Opinión de expertos y posibles penas
De comprobarse los delitos, los involucrados arriesgan penas que incluyen:
- Usurpación de funciones: hasta 1 año de presidio.
- Fraude al fisco: de 3 a 5 años.
- Ocultamiento de documentos públicos: entre 3 y 10 años de cárcel.
Actualmente, el Ministerio Público está tomando declaraciones e incautando equipos.
