El requerimiento de remoción presentado ante el Tricel por los Consejeros Regionales, en marzo de 2023 se encuentra en estado de «acuerdo» desde el 2 de julio de 2024.
La solicitud de destitución por notable abandono de deberes y faltas a la probidad en el Tricel
Durante el 2023, los CORES -de manera unánime- presentaron diversas acciones en contra de la Gobernadora Krist Naranjo de manera transversal, una de ellas, se resolvió por la Corte Suprema y tiene actualmente a la autoridad regional suspendida de funciones por dos meses.
En materia penal, el fallecido abogado Mario Zumelzu, presentó una querella por los mismos hechos y también, se realizó una reclamación ante el Tricel.
Esta última, se encuentra ad portas de resolverse, no quedando más trámites que esperar el fallo por parte del tribunal.
Cargos presentados en contra de la Gobernadora
De acuerdo al requerimiento, a Naranjo se le imputan 6 cargos por contravenir el principio de probidad administrativa en notable abandono de deberes:
- Uso indebido de vehículo fiscal.
- Realización de viajes internacionales: falta programa o agenda o invitación, informe de cometido y reiterados cambios de vuelos.
- Maltrato funcionarios y pago por desvinculaciones.
- Haber omitido cumplir en los plazos establecidos con la ejecución presupuestaria.
- Incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Regional.
- Trasgredir las normas sobre Cambio Climático, de 13 de junio del 2022 en relación a los Comités Regionales para el Cambio Climático.
La presentación de Isidro Solís para frenar una eventual sanción de remoción
De acuerdo al expediente, el abogado de Krist Naranjo acompañó la sentencia definitiva que se pronunció sobre el proceso disciplinario por uso indebido del vehículo fiscal, la que actualmente la tiene separada de funciones. Al respecto, Solís hace hincapié en que «reitera mediante esta presentación,
no debería este Tribunal pronunciarse nuevamente sobre los mismos hechos ya sancionados».
Con ello, Naranjo busca inhibir al tribunal de fallar sobre los mismos hechos que ya fueron objeto de discusión por el máximo tribunal del país o al menos, que considere la rebaja de la sanción al tiempo de resolver el requerimiento.
