Temporal de julio: Senapred priorizó 219 puntos de riesgo en Coquimbo y solo fiscalizó 16

Diez días antes de que el sistema frontal más intenso de las últimas décadas golpeara la Región de Coquimbo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) tenía un diagnóstico propio sobre el estado de su preparación en la región. Ese diagnóstico está en el Informe Ejecutivo del Programa Invierno 2026, con datos de corte al 7 de julio, y permite una conclusión incómoda: la región con más puntos de riesgo priorizados del país llegó al invierno con el 7,3% de ellos verificados en terreno.

219 priorizados, 16 supervisados

El Programa Invierno es el instrumento anual de gestión del riesgo que Senapred implementa desde hace más de treinta años. Para 2026 incorporó una línea nueva: la supervisión regional en terreno de puntos críticos priorizados, destinada a verificar si las medidas de mitigación declaradas por los municipios existían realmente.

De los 15.552 puntos críticos catastrados en el país, Senapred seleccionó 750 para esa verificación. La Región de Coquimbo concentró 219, la mayor cantidad de Chile.

Al 7 de julio se habían supervisado 423 puntos a nivel nacional, un 56,4%, quedando 327 pendientes. De esos 327, 203 correspondían a la Región de Coquimbo. Sumada a la Región Metropolitana, que tenía 75 pendientes, ambas concentraban cerca del 85% de todos los puntos no supervisados del país.

La aritmética es directa: de 219 puntos priorizados en Coquimbo, se habían verificado 16.

Mientras eso ocurría, Atacama, La Araucanía, O'Higgins, Los Lagos, Los Ríos, Valparaíso y Ñuble completaron el 100% de sus puntos priorizados, y Biobío alcanzó el 98%. El informe consigna que Coquimbo, Maule, Antofagasta, Metropolitana y Aysén quedaron bajo el 50%.

El criterio de selección agrava el dato

Lo que vuelve relevante esta brecha es cómo se eligieron esos 750 puntos. Según el propio informe, la priorización consideró cuatro criterios: el nivel de riesgo, la activación o afectación durante la temporada anterior, la causa vinculada al punto crítico —"particularmente inundaciones por desborde de cauces, flujos de barro o detritos y activación de quebradas"— y la ausencia de acciones de mitigación informadas por los municipios.

Es decir, los puntos que quedaron sin revisar en Coquimbo no eran sectores cualquiera: eran, por definición del propio servicio, aquellos donde había razones para sospechar que la mitigación no se había hecho.

Entre los 423 puntos que sí se supervisaron a nivel nacional, 188 —el 44,4%— registraban medidas no realizadas. El informe reconoce que esa proporción "evidencia la existencia de brechas que requieren seguimiento y coordinación con los municipios y organismos competentes, especialmente en aquellos casos clasificados con niveles de riesgo Muy Alto y Alto".

Coquimbo, tercera del país en puntos críticos

El mismo documento dimensiona el riesgo regional. Coquimbo registró 1.859 puntos críticos en 2026, con un crecimiento sostenido: 844 en 2022, 1.230 en 2023, 1.360 en 2024 y 1.578 en 2025.

Además, 557 puntos críticos de la región habían registrado activación o afectación durante el invierno anterior, la segunda cifra del país detrás de la Región Metropolitana (562).

En el ranking nacional de comunas con más puntos de riesgo Alto y Muy Alto, Monte Patria encabeza Chile con 339, seguida de Vicuña con 189. La Serena aparece octava con 107. Tres comunas de la región entre las diez primeras del país.

El informe también consigna que la Dirección Meteorológica proyectaba para el trimestre julio-septiembre un evento El Niño de intensidad moderada a fuerte y "condiciones favorables a precipitaciones sobre lo normal" entre Coquimbo y Los Ríos. El invierno lluvioso no fue una sorpresa: era un antecedente técnico incorporado a la planificación desde antes de la temporada.

Cruz de Caña: del simulacro a las víctimas

El caso de Cruz de Caña, en la comuna de Coquimbo, concentra el contraste. El sector estaba clasificado como punto de Muy Alto Riesgo por remociones en masa, derrumbes y caída de rocas, con indicación de reforzar medidas de mitigación.

Más aún: en octubre de 2025, Senapred ejecutó allí y en Islón, La Serena, el primer simulacro de evacuación por remoción en masa de la región, con sirenas, mensajería SAE y una convocatoria de unas 2.500 personas entre vecinos, estudiantes y trabajadores.

Nueve meses después, durante la noche del 19 de julio de 2026, Senapred ordenó evacuar Cruz de Caña y Quebrada Martínez por activación de quebradas. El primer registro público de esa orden es de las 21:41 horas; un segundo mensaje se emitió a las 23:32, y hubo nuevos avisos durante la madrugada. Ambas órdenes invocaban quebradas ya activadas, no un riesgo prospectivo.

En ese sector fallecieron dos de las siete víctimas del temporal en la región: Albertina Valdés y Madelen Soto. Las otras cinco murieron en Cajón del Romero, el humedal El Culebrón, Chacay Alto, Quebrada Honda y el sector de avenida Islón con El Libertador, en La Serena.

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, calificó públicamente como tardía la alerta SAE. Esa denuncia sigue sin resolverse: establecer si el aviso fue oportuno requiere los registros oficiales del sistema, con hora, minuto, polígono y organismo solicitante, que no son públicos.

Sin acciones de difusión ni preparación comunitaria

El Programa Invierno organiza las acciones preventivas en cuatro categorías. A nivel nacional se reportaron 1.138 acciones, de las cuales 774 fueron de Coordinación del Sistema (68%), 206 de Preparación del Sistema (18,1%), 137 de Difusión (12%) y apenas 21 de Preparación Comunitaria (1,8%).

El informe reconoce que la baja proporción de trabajo comunitario "evidencia una oportunidad de mejora" y recomienda mayor articulación con municipios, organizaciones territoriales, establecimientos educacionales y juntas de vecinos.

En el desglose regional del Gráfico N°7, la Región de Coquimbo aparece con 57 acciones de Coordinación del Sistema y 4 de Preparación del Sistema, sin registrar acciones de Difusión ni de Preparación Comunitaria. Atacama, con un catastro sustancialmente menor, reportó 110 acciones totales, incluidas 52 de difusión y 6 comunitarias.

Otro dato del informe adquiere sentido retrospectivo. En materia de planes de acción preventivos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Coquimbo registró 15, el 3,76% del total nacional. Valparaíso informó 49, la Metropolitana 56 y el Maule 46.

Durante la tarde del domingo 19 de julio, en plena ventana crítica, 32.403 clientes de la región permanecían sin electricidad. Los cortes afectan la recepción de alertas en los teléfonos, la iluminación de las rutas de evacuación y el bombeo de agua potable.

Quién respondía por esto

La Ley N°21.364 no deja ambigüedad sobre la responsabilidad de conducción. El Delegado Presidencial Regional preside el Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), mientras Senapred ejerce su secretaría técnica y ejecutiva. Al presidente del Comité la ley le entrega atribuciones explícitas: dirigir su funcionamiento y las acciones destinadas a ir en ayuda de la población, coordinar organismos públicos, disponer recursos y convocar a empresas proveedoras de servicios esenciales.

Durante la emergencia ese cargo lo ejercía Víctor Pino (Demócratas), exdiputado por el distrito 5, designado por el Presidente Kast en febrero de 2026 y en funciones desde el 11 de marzo.

Pino encabezó los COGRID preparatorios. El 14 de julio presidió la sesión en que se declaró Alerta Amarilla y se informó la disponibilidad de maquinaria pública, de empresas constructoras coordinadas por la Seremi de Vivienda y de compañías mineras. El 16 de julio, en un nuevo COGRID de emergencia, advirtió que la principal preocupación era la conectividad de las localidades rurales y el riesgo de remociones en masa.

Es decir, la autoridad que presidía el sistema identificó públicamente, tres días antes, exactamente la amenaza que terminó cobrando vidas en Cruz de Caña, Chacay Alto, Cajón del Romero y Quebrada Honda.

Lo que no consta públicamente es si el COGRID bajo su presidencia tomó conocimiento del estado de la supervisión en terreno —203 puntos priorizados sin revisar en la región— ni si ese antecedente fue puesto sobre la mesa al momento de decidir evacuaciones preventivas. Las actas de esas sesiones no son públicas.

Una crisis política que venía de antes

La gestión de Pino ya estaba cuestionada semanas antes de la primera gota. A comienzos de julio, Diario El Día reportó que enfrentaba críticas por una supuesta falta de liderazgo y por su ausencia en instancias clave, incluida la Mesa Regional de Desarrollo Rural realizada en Salamanca. BioBioChile consignó que los cuestionamientos apuntaban a falta de liderazgo y presencia territorial.

El 1 de julio, cinco partidos de la coalición de gobierno en la región —Evópoli, UDI, Partido Cristiano, Demócratas y Partido Republicano— firmaron una declaración pública de respaldo destacando su "liderazgo" en la conducción del Gobierno regional, en un gesto que la prensa local leyó como síntoma de la fragilidad del cargo más que de su solidez.

Pino respondió entonces en Mi Radio: "el único que puede pedir mi salida es el Presidente de la República. El único que puede pedirme la renuncia, y que apenas lo haga, yo lo voy a hacer".

Tras el temporal, el cientista político Miguel Torres Romero, director del Observatorio Político Región de Coquimbo, sostuvo que la emergencia no creó la crisis política del delegado, sino que la hizo insostenible: "La fragilidad del delegado venía de antes".

El dato institucional más elocuente es otro. El estado de catástrofe decretado el lunes 20 de julio transfirió el mando de la emergencia a la autoridad militar, desplazando en los hechos al delegado presidencial del centro de la conducción. La respuesta regional dejó de estar en sus manos cuando ya había seis personas fallecidas.

Eso obliga a evaluar su responsabilidad en dos tramos distintos: antes y después de las 10:00 horas del 20 de julio. El primero —la fase preventiva, los COGRID, la priorización territorial y la decisión de cuándo escalar hacia el nivel nacional— es íntegramente suyo. El alcalde de Coquimbo emplazó públicamente al Presidente a decretar zona de catástrofe a las 22:40 del domingo 19; el decreto llegó casi doce horas después.

Un recorte del 30% al programa de prevención

El Presupuesto 2027 en discusión en el Congreso propone reducir el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred de $842.253.000 a $584.311.000, una caída nominal de 30,6% (Meganoticias).

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, ya había calificado ante el Congreso como "extremadamente precario" el nivel de recursos del servicio.

En paralelo, la vía de fiscalización parlamentaria quedó cerrada. La Comisión Especial Investigadora impulsada por la diputada Nathalie Castillo para revisar la respuesta del Estado al sistema frontal obtuvo 59 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones: quedó a dos votos del quórum requerido (Crónica Digital).

Lo que falta responder

El informe de Senapred no identifica cuáles fueron los 203 puntos de Coquimbo que quedaron sin supervisar. Esa es la pregunta pendiente: si Cruz de Caña, el humedal El Culebrón, Chacay Alto, Cajón del Romero y Quebrada Honda figuraban entre ellos.

Tampoco contiene desglose presupuestario regional, de modo que no permite verificar la acusación de que Senapred habría gastado cero pesos en proyectos de mitigación en la región.

Lo que sí deja establecido, con la firma del organismo responsable y fecha diez días previa al desastre, es que el Estado sabía dónde estaban los riesgos, definió cuáles debía ir a revisar con prioridad, y en la Región de Coquimbo revisó 16 de 219.