Este martes, en la edición impresa de Diario El Día, se dio a conocer la denuncia a Contraloría del periodista Diego González, funcionario del GORE que se desempeñaba hace 10 años en el área de comunicaciones y que con fecha 19 de diciembre de 2023 fue removido y reasignado a la División de Administración y Finanzas.
Sin embargo, mientras la autoridad espera el fallo de la Corte Suprema que se pronunciará sobre su suspensión en el cargo, se han conocido más casos de servidores públicos que se enfrentan a la administración de Naranjo a través de acciones legales.
⚖️ Recursos de protección contra el Gobierno Regional
Son dos los funcionarios que han presentado acciones de protección que han sido declarados admisibles y se encuentran en espera de la presentación del informe por parte del GORE.
🤒 Remoción del cargo con licencia médica
El 30 de enero, el periodista José Vergara, recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena solicitando la reincorporación a sus servicios en el mismo grado y cargo que ejercía hasta diciembre del año 2023, es decir, como encargado de comunicaciones. grado 7° de la EUR . En este caso, el periodista alega que cuenta con una impecable trayectoria durante el año que estuvo a cargo de las comunicaciones. Es por esto, que con fecha 30 de noviembre de 2023 se le notificó la renovación de su contrata para el año 2024.
Sin embargo, con fecha 19 de enero de este año, se le informó que su contrata ya no sería renovada, sin respetarse el plazo de 30 días para informarlo y encontrándose el funcionario con licencia médica.
La administración de Krist Naranjo tiene 8 días para responder y adjuntar la documentación que tenga en su poder.
📝 10 años en el cargo
Con fecha 28 de diciembre del año pasado, Edgar Pujado, que trabaja en el GORE desde el año 1996 a la fecha, interpuso una acción para dejar sin efecto la Resolución Exenta RA Nº 806/127/2023 que «decidió no renovar mi nombramiento a contrata, Profesional, grado 9, que ejerzo desde el año 2014 de manera ininterrumpida». El objetivo de la presentación, es conseguir que el tribunal ordene a la administración regional a renovar la contrata en idénticos términos. El funcionario agrega que «de la oficina internacional, pasaré a la de División de Fomento e Industria, sin señalar ninguna función o labor, ni menos las razones».
En este caso, dado las años que lleva en el servicio, Pujado expresa que contaría con «confianza legítima», de acuerdo a los dictámenes de Contraloría.
Con fecha 2 de enero el tribunal superior le otorgó un plazo de 8 días al Gobierno Regional para entregar los antecedentes de la decisión, pero la administración regional ha incumplido lo mandatado por la Corte de Apelaciones hasta la fecha y no ha proporcionado el informe, lo que ha impedido que la causa avance y se resuelva la situación del funcionario afectado.
