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Marcha contra Dominga: cerca de mil personas marcharon en La Serena

La movilización del sábado 31 de octubre reunió en La Serena y en otras 16 ciudades del país a organizaciones ambientales, pescadores artesanales, agricultores, operadores turísticos y comunidades indígenas. Piden que el Gobierno no apruebe "por secretaría" el proyecto minero-portuario de Andes Iron en La Higuera.

Manifestantes marchan en La Serena contra el proyecto minero-portuario Dominga y por el Archipiélago de Humboldt.

Cerca de mil personas marcharon de manera pacífica en La Serena el sábado 31 de octubre. Junto a las organizaciones ambientales caminaron pescadores, agricultores, operadores turísticos y comunidades indígenas, que advierten que Dominga no suma empleo, sino que pone en riesgo las actividades que hoy sostienen a La Higuera.

La marcha contra Dominga se desarrolló sin incidentes en La Serena, donde los manifestantes se reunieron a las 11:00 horas en Plaza Buenos Aires. Según estimaciones de asistentes, la convocatoria reunió a cerca de mil personas. La jornada, convocada por Greenpeace Chile y No + Zonas de Sacrificio, se repitió en 17 ciudades, de Arica a Punta Arenas.

En las calles no solo estuvieron los defensores del medio ambiente. Marcharon también los sectores productivos de la zona y los pueblos originarios, una muestra de que el rechazo a Dominga va más allá del mundo ambientalista.

"Dominga no suma empleo, lo reemplaza"

Uno de los argumentos que más se repiten entre los habitantes de La Higuera, y que poco aparece en el debate nacional, es que la minera no viene a sumarse a la economía local, sino a desplazarla. La comuna vive de la pesca artesanal, el turismo de naturaleza en torno a Punta de Choros y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, la agricultura y la ganadería. Todas dependen del mar y del agua.

Para las comunidades, una mina de hierro a tajo abierto y un puerto de embarque en la misma costa ponen en riesgo justamente esas actividades. Si se contamina el agua o se afecta el mar, advierten, se pierden la pesca, el turismo, los cultivos y los animales. Por eso sostienen que los empleos que promete el proyecto no son nuevos puestos de trabajo para la zona, sino un reemplazo de los que ya existen.

Esa preocupación quedó por escrito en la carta abierta que las comunidades de La Higuera llevaron al Presidente José Antonio Kast el 29 de octubre. La firmaron representantes de la pesca artesanal, el turismo, la agricultura, los sistemas de agua potable rural y comunidades del pueblo Chango, con el respaldo de más de 30 agrupaciones (Meganoticias).

"Proteger el Archipiélago de Humboldt no significa oponerse al desarrollo", señala la carta. Las organizaciones agregan que "el crecimiento económico no puede justificar el debilitamiento de las instituciones" e invitan al Mandatario a visitar la zona: "Queremos que el Presidente recorra nuestras caletas, conozca nuestra biodiversidad, dialogue con las familias" (G5 Noticias).

Trece años sin resolver las mismas observaciones

El segundo punto que casi no se discute es técnico. Dominga ingresó a evaluación ambiental en 2013 y, en más de una década, ha sido rechazado tres veces. En todo ese tiempo, la empresa no ha logrado resolver las observaciones de fondo que motivaron esos rechazos.

En enero de 2025, el Comité de Ministros concluyó por unanimidad que el plan de contingencia "no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos" y que tampoco cubre los "vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo". Recordó además que la zona es hábitat del "pingüino de Humboldt y cetáceos en categorías de conservación" y, citando a CONAF, que la información sobre especies endémicas como la algarrobilla era insuficiente (El Mostrador).

Para quienes se oponen, que los mismos problemas sigan sin solución después de 13 años es la prueba de que el proyecto no es viable tal como está planteado. Y el nudo está en el mar: una mina de hierro sin puerto no tiene cómo sacar su producción.

Si se aprueba Dominga, se aprueba Cruz Grande

Ahí aparece el otro proyecto que preocupa a la comuna: Puerto Cruz Grande, de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial de CAP, que ya cuenta con permiso ambiental y está ubicado a pocos kilómetros de donde Dominga proyecta su terminal, frente a la misma Reserva del Pingüino de Humboldt.

En 2020, ante el Tribunal Ambiental, Andes Iron se comprometió a que habría "un solo puerto" en La Higuera, y su abogado afirmó que "dos terminales tan cercanos no tienen justificación" (PortalPortuario). En 2021 se informó que ambas empresas evaluaban compartir infraestructura portuaria (El Comunal).

Por eso, las comunidades advierten que Dominga y Cruz Grande no pueden mirarse por separado. Aprobar Dominga, sostienen, es abrir la puerta a un polo portuario y minero en la costa de La Higuera, con todo lo que eso implica para el Archipiélago de Humboldt.

Casi un centenar de organizaciones

La convocatoria nacional sumó a 96 organizaciones, entre ellas la Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, MODATIMA, el Movimiento por el Agua y los Territorios, la Asamblea Nacional Diaguita, la Red de Humedales y las federaciones estudiantiles CONFECH, FECH y FEUSACH.

Además de rechazar Dominga, exigieron reponer los decretos ambientales retirados de la Contraloría, revertir los recortes a programas de cambio climático y fiscalización ambiental en el Presupuesto 2027 y restituir la partida del Acuerdo de Escazú.

Cristóbal Sepúlveda, presidente de No + Zonas de Sacrificio, hizo un balance positivo: "Esta marcha fue un éxito por ese apoyo desde los territorios en función de una esperanza y un ideal de unidad" (El Desconcierto).

La decisión, en manos del Comité de Ministros

Andes Iron retiró en septiembre sus recursos ante la Corte Suprema y ahora apuesta a las cuatro solicitudes de invalidación del rechazo de 2025, que debe resolver el Comité de Ministros del Gobierno. Aún no hay una sesión confirmada.

"El Gobierno no se puede dar el lujo, en este momento, de 'indultar' también a Dominga", advirtió Matías Asun, director ejecutivo de Greenpeace Chile. La abogada de la organización, Roxana Núñez, sostuvo que "resulta éticamente muy cuestionable que el Ejecutivo siquiera considere abrir una nueva puerta a Dominga" (El Ciudadano).

En paralelo, sigue abierta una investigación penal por presunta corrupción judicial, iniciada tras una querella de Greenpeace.

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