"No fue el Estado, fue el gobierno de Kast": mujeres de Coquimbo exigen la salida de Rabat

La Serena, 5 de noviembre de 2026. Al grito de "el violador eres tú", organizaciones feministas de La Serena se sumaron este martes 3 de noviembre a la jornada nacional que exige la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat. En simultáneo con la intervención frente a La Moneda y en otras ciudades del país, volvieron a interpretar "Un violador en tu camino", la performance creada en 2019 por el colectivo porteño LasTesis.

En la capital regional participaron el Frente Feminista del Frente Amplio, la Comisión de Género del Partido Comunista, las Juventudes Comunistas y la Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género del Partido Socialista.

El motivo: entre marzo y septiembre de este año, el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 29 por violación y 27 por abuso sexual.

"Frente a la impunidad, las mujeres respondemos unidas"

Karla San Francisco, encargada regional de Género y Diversidades del Partido Comunista, estuvo entre las primeras en llegar.

"Salimos a la calle porque ante la impunidad, las mujeres respondemos unidas. Para los condenados hubo abogados, trámites y un ministro dispuesto a firmar. A las víctimas ni siquiera se las consideró al momento de tomar la decisión. Y esto lo hace un gobierno que hizo campaña prometiendo seguridad y protección para las familias, sin que les importaran las mamás ni los niños y niñas que sufrieron en manos de estos 56 abusadores. Sabemos que las mamás trabajan, cuidan y muchas veces pasan por estos procesos judiciales solas y con muchos obstáculos, es por eso que estamos aquí, para expresar nuestra solidaridad y apoyo. Rabat tiene que irse, y el presidente Kast tiene que responder por sostenerlo", afirmó.

Camila Sabando, coordinadora del Frente Feminista del Frente Amplio en la Región de Coquimbo, agregó: "Nos convocamos para realizar la performance Un violador en tu camino, de LasTesis, y exigir la renuncia de Rabat. Lo que hicimos fue una expresión colectiva de memoria, resistencia y compromiso feminista. No vamos a normalizar decisiones que ponen en cuestión los avances conquistados por las mujeres ni permitir que se instale la impunidad frente a delitos tan graves como las violaciones contra niños y niñas. Los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños no son negociables. Seguiremos organizadas, movilizadas y vigilantes para defender cada conquista y exigir justicia”.

"El Estado les falló": la defensa del Gobierno en la región

En una columna publicada en Diario La Región, el Seremi de Gobierno, Darwin Cortés, repitió la frase del Presidente José Antonio Kast: "El Estado les falló". Pidió que el tema no se reduzca a un debate político y respaldó la continuidad de Rabat, quien ha sostenido que solo aplicó un criterio de la Corte Suprema.

Ese argumento ha sido rebatido desde distintos sectores. El exministro de Justicia Jaime Gajardo recordó que "es el ministro o ministra de Justicia la que toma la decisión de conceder o no" y que "la Corte Suprema no tiene una doctrina en la materia". Desde el gobierno de Sebastián Piñera, el exministro Hernán Larraín también contradijo a Rabat: "no hay derecho adquirido".

Según una investigación de BioBioChile, de los 43 beneficiados identificados hasta ahora, solo 10 recibieron la rebaja por orden de la Corte Suprema; en los otros 33 el Ministerio actuó por decisión propia (BioBioChile). CIPER, por su parte, revisó fallos de cortes de apelaciones que reconocen que el Ministerio podía "reconocer o rechazar el beneficio" (CIPER).

"No fue el Estado, fue su gobierno"

"No basta con decir que el Estado falló, ni que la niñez está primero. Fue su gobierno el que otorgó 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores. La ley no los obligaba: fue su decisión", afirmó Paulina Mora, socioeconomista y exvocera de Gobierno en la región.

Monserrat Castro, abogada y ex seremi del Trabajo y Previsión Social, vinculó el caso con el proyecto de Presupuesto 2027: "No fue el Estado, fue una decisión del gobierno de Kast, igual que el recorte de más de 34 mil millones de pesos a los programas de protección de la niñez e infancias vulnerables en el Presupuesto 2027".

La consejera regional por Elqui Valeria Chacana fue enfática: "Liberaron a violadores de menores y no les importaron las niñeces. Eso no se arregla con una columna".

La Defensoría de la Niñez también advirtió que 102 de las 197 asignaciones destinadas directamente a niños, niñas y adolescentes bajan en el proyecto de Presupuesto 2027.

Rebajas e indultos: también para condenados por violaciones a los derechos humanos

Las rebajas no se limitaron a delitos sexuales. El Ministerio de Justicia también concedió dos rebajas de condena a internos de Punta Peuco condenados por secuestro y tortura durante la dictadura, lo que el propio Rabat confirmó (Radio Universidad de Chile).

A eso se suman los indultos que el Presidente Kast ha dicho que evaluará caso a caso para agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad. El 30 de octubre, las hijas del general Carlos Prats, Sofía, Hilda y María Angélica Prats Cuthbert, entregaron en La Moneda una carta abierta en la que le piden no usar esa facultad. Su padre, excomandante en jefe del Ejército, y su madre, Sofía Cuthbert, fueron asesinados en 1974 en Buenos Aires por agentes de la DINA.

"Indultar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad, y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación", escribieron. "Señor Presidente, usted tiene la facultad de indultar, pero no toda atribución legal es éticamente legítima".

Las hermanas pidieron además al mandatario enviar un proyecto de ley para derogar esa facultad y recordaron que "la reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas"

Para las organizaciones de la región, ambos casos responden a la misma lógica: decisiones del Gobierno que favorecen a condenados por crímenes graves y dejan fuera a las víctimas.

Un golpe doble para las mujeres trabajadoras de la región

Los recortes llegan en un mal momento para el empleo en la Región de Coquimbo. Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la desocupación regional llegó a 9,0% en el trimestre julio-septiembre de 2026, 1,4 puntos más que hace un año. Entre las mujeres alcanzó 8,9%, frente a 7,7% en el mismo período de 2025. En la región hay cerca de 39 mil personas sin trabajo, y en la provincia de Limarí la tasa se duplicó en un año, de 6,3% a 12,5% (Mi Radio). Casi tres de cada diez ocupados trabajan en la informalidad.

"Cuando se recortan los programas de cuidado y protección de la niñez, la carga vuelve a caer sobre las mujeres, que somos las que cuidamos. Y eso pasa en una región con 9% de desempleo, donde muchas jefas de hogar ya están sin trabajo. Ahora, además, les quitan el apoyo para cuidar a sus hijos", sostuvo Castro.

Parlamentarios de la región respaldan la acusación constitucional

La oposición anunció una acusación constitucional contra Rabat tras la sesión especial de la Cámara del 28 de octubre, aunque su presentación se ha postergado (La Tercera). Diputados de la Región de Coquimbo respaldan la ofensiva.

La diputada comunista Nathalie Castillo afirmó: "Las decisiones del ministro Rabat revictimizan a las familias y debilitan la confianza en la justicia. No podemos normalizar que decisiones de esta gravedad se tomen sin asumir las consecuencias que tienen para las víctimas y para el país".

La diputada del Frente Amplio Carolina Tello sostuvo: "El ministro debe hablar con claridad, dar explicaciones a las víctimas y a la ciudadanía, asumir su responsabilidad política y dar un paso al costado. No es posible que una situación de esta gravedad quede sin consecuencias ni que las víctimas vuelvan a ser invisibilizadas".

Qué exigen

Las organizaciones, voceras y parlamentarios plantean tres demandas:

1. La salida inmediata del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
2. La publicación de los 56 decretos y de los criterios con que fueron firmados.
3. La reposición de los recursos recortados a los programas de protección de la niñez en el Presupuesto 2027.