Diputada Nathalie Castillo cuestiona acuerdo entre el Gobierno y OpenAI: "Chile debe defender su soberanía digital"
La diputada Nathalie Castillo cuestiona el memorándum de la ministra Lincolao con OpenAI y pide transparencia sobre el uso de los datos de los chilenos.

La diputada por la Región de Coquimbo Nathalie Castillo (PC) cuestionó el memorándum de entendimiento que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, firmó el lunes en San Francisco con Sam Altman, CEO de OpenAI, para incorporar inteligencia artificial en la administración pública. La parlamentaria criticó que un acuerdo de carácter estratégico se suscriba sin debate en el Congreso y sin que la ciudadanía conozca sus alcances. El texto del convenio, revisado por Radar Diario, no compromete infraestructura en Chile, deja para contratos futuros los términos sobre datos y precios, y obliga al ministerio a pedir autorización previa a OpenAI para comunicar sobre la alianza.
¿Qué firmó Chile con OpenAI? El memorándum crea la iniciativa "OpenAI para Chile", parte del programa internacional OpenAI for Countries. Según el Ministerio de Ciencia, Chile es el primer país latinoamericano en establecer esta colaboración directa con la empresa creadora de ChatGPT. Tiene tres ejes: explorar el uso de herramientas de IA en la gestión del Estado, capacitar a funcionarios públicos y apoyar a startups chilenas. Un grupo de trabajo conjunto entre el ministerio y OpenAI se reunirá mensualmente en la fase inicial.
"Chile debe cuidar sus datos"
"Una cosa es modernizar el Estado y otra muy distinta es comprometer su futuro tecnológico mediante acuerdos cuyas condiciones todavía no conocemos", afirmó Castillo.
"Chile debe cuidar sus datos. Y cuando hablamos de datos, no hablamos simplemente de archivos digitales. Hablamos de nuestros antecedentes médicos, nuestros ingresos, nuestras deudas, nuestros datos familiares y de la información sensible de nuestros niños, niñas y adolescentes".
La diputada sostuvo que el Estado tiene la obligación de resguardar los datos personales de la población, cuya titularidad corresponde a las personas y no al gobierno de turno. Por eso, dijo, resulta cuestionable que la ministra anuncie acuerdos con grandes transnacionales "mientras todavía estamos discutiendo las garantías legales que deben proteger a nuestra población frente al uso de estas tecnologías".
La parlamentaria planteó cuatro preguntas: "¿Quién asegura que nuestras bases de datos no serán utilizadas con fines comerciales? ¿Dónde se almacenará la información? ¿Quién tendrá acceso a ella? ¿Qué ocurrirá si funciones esenciales del Estado terminan dependiendo de plataformas privadas extranjeras?".
Castillo precisó que su cuestionamiento no implica afirmar que el memorándum haya significado la entrega de bases de datos a OpenAI, sino que apunta a la falta de transparencia y de debate público y parlamentario.
"Nuestro país conoce demasiado bien las consecuencias de la dependencia económica de las grandes transnacionales. Durante décadas hemos defendido la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Hoy debemos defender también nuestra soberanía digital, porque los datos son un recurso estratégico del siglo XXI", concluyó. "No podemos permitir que Chile se transforme simplemente en un consumidor de tecnologías extranjeras, mientras nuestras universidades públicas, investigadores y científicos quedan relegados".
Un documento que se conoció a medias
El texto no se conoció de inmediato. En un primer momento, el Ministerio de Ciencia declinó difundirlo, según Publimetro. Luego BioBioChile tuvo acceso al memorándum y lo publicó, y la cartera terminó liberándolo el martes, de acuerdo a La Tercera.
El documento, redactado en inglés, se titula "OpenAI for Chile – Non-Binding Memorandum of Understanding" y lo suscriben el ministerio y OpenAI OpCo, LLC.
Lo que dice el memorándum
De acuerdo al texto publicado por BioBioChile. Estos son sus puntos clave (las citas son traducción propia):
No hay infraestructura en Chile. El texto lo dice expresamente: "Este memorándum no compromete infraestructura ubicada en Chile". La cooperación se basa en el "Frontier SI Capability Package" de OpenAI, a través del cual gobiernos, empresas y universidades acceden a "capacidades estadounidenses de frontera mediante productos y servicios administrados por OpenAI".
El documento agrega que "OpenAI opera y da soporte al entorno de servicio subyacente". Entre las ofertas posibles menciona ChatGPT Work, Codex, ChatGPT Edu, los modelos de frontera de OpenAI, capacidades de ciberseguridad Daybreak y soluciones de salud.
Un paquete de exportación de EE.UU. El memorándum señala que ese paquete fue "designado por Commerce como paquete prioritario de exportación full-stack". Se refiere al American AI Exports Program del Departamento de Comercio de Estados Unidos, creado por una orden ejecutiva de Donald Trump en julio de 2025 para promover la exportación de tecnología de IA estadounidense a países aliados. Los paquetes designados reciben apoyo del gobierno estadounidense, como promoción ante gobiernos extranjeros y acceso a financiamiento federal.
Datos y precios, para después. El memorándum no fija inversión, compra mínima ni financiamiento garantizado. Los servicios, licencias, consumo de API, capacitación y ciberseguridad se regirán por "Acuerdos Definitivos" posteriores, que identificarán "la entidad contratante, los usuarios autorizados, el alcance, los precios, las obligaciones de pago, las responsabilidades de entrega y los términos aplicables de servicio, datos y seguridad". Es decir, las reglas sobre los datos todavía no existen. Ninguna parte está obligada a firmar esos acuerdos.
Un comité sin poder de decisión. El Grupo de Trabajo Conjunto se reunirá mensualmente en la fase inicial y podrá recomendar actividades, pero "no puede modificar contratos, comprometer financiamiento ni aprobar acceso a productos". Las metas y plazos se acordarán actividad por actividad, "en lugar de asumirse a escala nacional".
"No vinculante", con dos excepciones. La sección 4 establece que el memorándum "no crea obligaciones legalmente vinculantes, excepto la Sección 3 (Publicidad y Comunicaciones) y la Sección 5 (Confidencialidad)". Precisa además que no constituye una adjudicación, un acuerdo de exclusividad ni un compromiso de compra.
Comunicaciones con visto bueno de OpenAI. La sección 3, una de las dos obligatorias, dispone que todas las comunicaciones públicas y comunicados de prensa sobre la firma del memorándum o la alianza, y cualquier uso del nombre o logo de la otra parte, "requieren la aprobación previa por escrito" de esa parte. La única salvedad son las divulgaciones exigidas por la ley, con aviso previo cuando sea legalmente posible.
Confidencialidad que sobrevive. La sección 5 obliga a ambas partes a proteger la información no pública que reciban de la otra y a usarla solo para esta cooperación. Se permite divulgarla cuando lo exija la ley, una orden judicial o "requisitos de transparencia pública", con aviso previo a la otra parte. Estas obligaciones siguen vigentes aunque el memorándum termine.
Indefinido. El acuerdo rige hasta que una de las partes lo dé por terminado por escrito, y cualquier controversia "se resolverá amistosamente" entre las partes.
Lo que responden el Ministerio y OpenAI
El ministerio asegura que el documento no le da a OpenAI acceso a sistemas ni a bases de datos del Estado, ni a datos personales de la ciudadanía, y que las capacitaciones se harán con datos abiertos y datos sintéticos.
Es efectivo que el texto no otorga ese acceso, aunque tampoco lo regula: deja los términos de datos para los acuerdos posteriores. La cartera afirmó también que OpenAI no fue escogida por sobre otras empresas, y recordó que trabaja con ElevenLabs y con las nueve compañías de su programa Stack Público, entre ellas Microsoft, Google y Amazon Web Services. Lincolao aseguró que la IA se incorporará "con controles claros y supervisión humana en cada caso" (El Dínamo).
OpenAI sostuvo que el memorándum no establece compromisos de inversión ni de compra, y que todas las actividades estarán sujetas a resguardos de privacidad, seguridad de la información y uso responsable, según BioBioChile.
Las preguntas de Castillo frente al texto
Con el documento a la vista, varias de las dudas de la diputada siguen abiertas. La Tercera, que también revisó el texto, llegó a una conclusión similar: el memorándum no detalla protocolos específicos para el tratamiento de datos de ciudadanos, condiciones técnicas de almacenamiento ni mecanismos de fiscalización de los sistemas que eventualmente se usen. Tampoco establece qué organismos públicos utilizarán las herramientas ni en qué procesos.
- ¿Dónde se almacenará la información? El memorándum no lo dice, pero sí aclara que no hay compromiso de infraestructura en Chile y que el entorno lo opera OpenAI.
- ¿Quién tendrá acceso? Los usuarios autorizados y los términos de datos se definirán en los acuerdos posteriores.
- ¿Fines comerciales? El texto no contiene una cláusula que prohíba usar información del Estado con fines comerciales ni para entrenar modelos; esas reglas también quedan para después.
- ¿Dependencia de plataformas extranjeras? El modelo descrito es el de servicios administrados por OpenAI, en el marco de un programa de exportación del gobierno de Estados Unidos.
El Mostrador consignó, además, que los servicios públicos que desarrollen proyectos específicos en una segunda etapa deberán pagar por ellos, sin montos informados.
La apuesta de OpenAI: la superinteligencia
Para entender con quién firmó Chile, sirve leer a su contraparte. En junio de 2025, Sam Altman publicó en su blog personal el ensayo "The Gentle Singularity" ("La singularidad suave"), donde sostiene que la humanidad ya cruzó el punto de no retorno hacia una "superinteligencia digital", es decir, sistemas que superan a las personas en casi todo (https://blog.samaltman.com/the-gentle-singularity).
En ese texto, Altman define a su compañía sin rodeos: "ante todo, somos una empresa de investigación en superinteligencia". Predice que en 2026 aparecerán sistemas capaces de producir descubrimientos nuevos y que en la década de 2030 la inteligencia y la energía serán "extraordinariamente abundantes". Reconoce también que habrá "momentos muy difíciles", como la desaparición de sectores laborales enteros. En julio de este año fue más lejos y afirmó en un podcast que "ahora estamos en la singularidad" (https://runtimewire.com/es/article/openai-s-sam-altman-said-the-singularity-had-already-started).
El ensayo contiene una idea que dialoga directamente con la crítica de Castillo. Altman plantea que la superinteligencia debe ser barata, ampliamente accesible y no estar "demasiado concentrada en ninguna persona, empresa o país". El memorándum firmado con Chile, sin embargo, ofrece esa tecnología como un paquete de exportación respaldado por el gobierno de Estados Unidos, operado por OpenAI y sin infraestructura en territorio chileno.
El documento no define la sigla "SI" del "Frontier SI Capability Package" ni de las "ofertas de salud impulsadas por SI". En el vocabulario de la empresa, la meta declarada es la superintelligence.
La visión de Altman tiene detractores. Nieman Lab, de la Universidad de Harvard, calificó el ensayo como una pieza de marketing vestida con lenguaje tecnológico (https://www.niemanlab.org/2025/06/has-the-gentle-singularity-already-begun-and-when-did-the-singularity-become-gentle/). Otros analistas le reprochan presentar el cambio como puramente beneficioso y minimizar los riesgos y el impacto ambiental.
Un acercamiento de meses
La firma no fue improvisada. Cooperativa reconstruyó que la primera reunión institucional entre el ministerio y OpenAI ocurrió el 6 de mayo, durante una gira por Silicon Valley junto al canciller Francisco Pérez Mackenna; que la empresa participó en abril en Stack Público, y que Lincolao volvió a reunirse con representantes de la compañía en Washington en septiembre. En octubre, la ministra adelantó al Diario Financiero que estaban cerca de cerrar un acuerdo.
Un frente opositor
Castillo no es la única voz crítica. El senador Diego Ibáñez (FA) pidió a la Contraloría revisar la legalidad del acuerdo y preguntó por qué no hubo licitación. La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, exigió conocer el documento completo y saber si OpenAI tendrá acceso a datos de los chilenos y con qué fines. La diputada Daniela Serrano (PC) vinculó el convenio con la discusión para postergar la ley de datos personales.
La exsubsecretaria de Ciencia Carolina Gainza planteó dudas sobre las salvaguardas necesarias antes de adoptar IA en instituciones públicas. Parlamentarios oficialistas, en cambio, respaldaron la iniciativa por su potencial para modernizar el Estado y reducir burocracia (Pauta).
El presidente de la Comisión de Ciencias de la Cámara, el diputado por la Región de Coquimbo Daniel Manouchehri (PS), informó que la ministra asistirá a la próxima sesión para explicar el acuerdo.
La ley de datos, en pausa
La polémica coincide con la tramitación del proyecto que posterga la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, prevista originalmente para el 1 de diciembre de 2026. El Senado lo aprobó en octubre, y el 5 de noviembre la Comisión de Constitución de la Cámara lo aprobó en general por unanimidad, aplazando la vigencia al 15 de octubre de 2027 para instalar la Agencia de Protección de Datos Personales (https://www.camara.cl/cms/?p=100841). Mientras no entre en vigor, sigue rigiendo la antigua Ley 19.628, de 1999. Así, los "términos de datos" de los futuros acuerdos con OpenAI podrían negociarse antes de que exista la nueva agencia fiscalizadora.
No hay antecedentes públicos que vinculen el memorándum con una transferencia de bases de datos ni con la postergación de la ley.
¿Debía pasar por el Congreso? Un memorándum entre un ministerio y una empresa privada no es un tratado internacional, por lo que no requiere aprobación del Congreso (el artículo 54 de la Constitución la exige para tratados entre Estados u organismos internacionales). Tampoco es, por ahora, una compra: al no tener costo, no se rige por la Ley de Compras Públicas, aunque sí lo estarían los eventuales contratos pagados de una segunda etapa, que por regla general deben licitarse. Lo llamativo es que un documento "no vinculante" sí obliga al ministerio en dos materias: confidencialidad y comunicaciones. En Chile, el artículo 8 de la Constitución y la Ley de Transparencia establecen que los actos de los órganos del Estado son públicos, y el propio memorándum reconoce esa excepción. El control que corresponde hoy es la fiscalización de la Cámara y la revisión de la Contraloría.
Lo que viene
La ministra Lincolao deberá explicar el acuerdo ante la Comisión de Ciencias de la Cámara, mientras se espera la respuesta de la Contraloría a la solicitud de Ibáñez. El proyecto que posterga la ley de datos personales sigue su trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara.



