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¿Qué pasa si destituyen al concejal Astudillo? El camino al TER, los plazos y quién ocuparía su lugar

No somos jueces ni nos corresponde juzgar", dijo la alcaldesa Daniela Norambuena al anunciar que el concejo llevará el caso al Tribunal Electoral Regional. La formalización por abuso sexual por sorpresa no saca a Alejandro Astudillo del cargo. Si finalmente sale, la ley entrega el escaño a la lista por la que fue electo, la de Republicanos: RN perdería el concejal que sumó en octubre.

Municipalidad de La Serena Concejal Astudillo

"No somos jueces ni nos corresponde juzgar, pero somos representantes de la ciudadanía y tenemos el deber de resguardarla, así como la confianza pública y la responsabilidad que exige un cargo de representación popular".

Con esas palabras cerró la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, la declaración que leyó junto a los nueve concejales restantes, según informó Diario El Día. En ella anunciaron que recurrirán al Tribunal Electoral Regional (TER) de Coquimbo para que revise la situación del concejal Alejandro Astudillo Olguín, formalizado el domingo por abuso sexual por sorpresa, y determine si corresponde sancionarlo, incluso con la cesación del cargo.

"Esta acción no constituye una condena anticipada"

En la declaración, el concejo se cuidó de no adelantar juicios.

"Respetamos plenamente la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. No nos corresponde emitir juicios, establecer responsabilidades penales ni anticipar decisiones que competen exclusivamente a los tribunales de justicia", señalaron.

Pero agregaron que la función pública "también conlleva responsabilidades institucionales, deberes de conducta y exigencias de probidad que deben examinarse conforme a la legislación vigente". Y fueron explícitos sobre el alcance del requerimiento: “Somos enfáticos en señalar que esta acción no constituye una condena anticipada ni atribuye responsabilidades previas”.

Consultada por El Día sobre si Astudillo debería ser sancionado, Norambuena primero evitó opinar: "No voy a emitir ningún juicio de valor ni es algo que me corresponda. Quienes deben ejercer aquello, como corresponde, es el Tribunal Electoral". Ante la insistencia, fue categórica: “Mi postura es que no al acoso sexual a ninguna mujer en este país. Esa es mi respuesta”.

Las voces del concejo: "No por ser autoridad hay privilegios"

Dentro del concejo hubo posturas más directas. La concejala Rayén Pojomovsky se mostró abiertamente a favor de la destitución.

"Reprochamos lo ocurrido y repudiamos todo tipo de violencia y de acoso, sobre todo, y entendemos también que no por ser concejal o por ser autoridad hay privilegios", dijo a El Día. Agregó que esperan una pronta resolución del TER.

El concejal Cristian Marín pidió aplicar todas las sanciones que correspondan, y reconoció que el escenario interno es complejo: no será fácil seguir trabajando en la mesa comunal “con una autoridad que arrastra este nivel de cuestionamientos públicos tras las imputaciones formuladas en su contra”.

Astudillo, en tanto, no ha hecho declaraciones públicas.

La formalización no lo saca del cargo

Ser formalizado no es ser condenado, y tampoco suspende ni remueve a un concejal debido a la presunción de inocencia. Hoy Astudillo sigue siendo concejal, con las medidas cautelares que fijó el Juzgado de Garantía: arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante y de comunicarse con ella. La Fiscalía tiene 40 días para investigar.

Tampoco se le suspende la ciudadanía. La Constitución suspende el derecho a sufragio solo a quienes son acusados por delitos que merecen pena aflictiva, es decir, de más de tres años, y el abuso sexual por sorpresa tiene una pena máxima de tres años.

La vía del Tribunal Electoral: falta grave a la probidad

El artículo 76 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades enumera las causales por las que un concejal cesa en su cargo. La que se discute es la letra f): incurrir en una contravención grave al principio de probidad administrativa.

Según el artículo 77 de la misma ley, basta un requerimiento de la alcaldesa o de cualquier concejal para que el TER revise el caso. Las claves:

  • No hay que esperar el juicio penal. Es un procedimiento distinto e independiente de la causa en la Fiscalía. Lo que debe acreditarse es una conducta que vulnere gravemente la probidad.
  • Si se acoge, hay inhabilidad. La remoción por esta causal implica la cesación del cargo y una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.
  • La salida no es inmediata. La cesación opera cuando la sentencia del TER queda ejecutoriada. Si el concejal apela, decide en segunda instancia el Tribunal Calificador de Elecciones.
  • No está asegurada. El tribunal deberá decidir si una conducta denunciada fuera del ejercicio de sus funciones constituye una falta grave a la probidad. Es el punto que probablemente discutirá la defensa.
  • Todavía no se presenta. Según El Día, el concejo "formalizó la decisión" de impulsar el requerimiento. Hasta el cierre no estaba confirmado su ingreso al tribunal.

¿Y la "Ley Karin"?

Desde 2024, la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, agregó al artículo 76 una nueva causal (letra g): cesa el concejal cuya responsabilidad por acoso sexual o laboral sea determinada en un sumario de la Contraloría. Esa vía está pensada para conductas en el ámbito del trabajo y exige un sumario previo, que en este caso no existe. Por eso, el camino anunciado es el de la falta grave a la probidad.

La vía penal: suspensión, no cesación

El abuso sexual por sorpresa contra una persona mayor de 14 años, del artículo 366 inciso 3° del Código Penal, se castiga con presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años. A eso se suma, por ley, una pena accesoria. El Código Penal asigna penas accesorias distintas según la gravedad de la pena principal:

  • Si la pena fuera aflictiva (presidio menor en su grado máximo o superior, desde 3 años y 1 día), el artículo 29 impone la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y la inhabilitación perpetua para derechos políticos. Además, la condena a pena aflictiva hace perder la ciudadanía, lo que sí significaría la cesación en el cargo.
  • Pero la pena por este delito no puede ser aflictiva, porque su máximo es presidio menor en su grado medio. En ese caso rige el artículo 30, que solo contempla la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

En otras palabras, una condena por el delito formalizado lo apartaría temporalmente del concejo, pero no lo destituiría. La cesación por la vía penal solo sería posible si la investigación terminara en una acusación por un delito más grave.

Con una pena de ese rango, y sin condenas anteriores, la ley permite además cumplirla en libertad mediante una pena sustitutiva, como la remisión condicional.

Aquí hay un punto en disputa. Los tribunales no han sido uniformes sobre si la suspensión del cargo se mantiene cuando la pena de cárcel se reemplaza por una sustitutiva. En septiembre de 2026, la Corte de Coyhaique resolvió que la suspensión deriva directamente de la ley y subsiste. En otros fallos, en cambio, se ha estimado que no procede al aplicarse la remisión condicional.

5. ¿Qué otras consecuencias tendría una condena?

Si llegara a ser condenado, los efectos irían más allá del concejo.

  • No podría entrar a trabajar en el Estado. El Estatuto Administrativo (artículo 12, letra f, de la Ley 18.834) exige, para ingresar a la Administración, no hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. La misma regla rige para los municipios (artículo 10, letra f, de la Ley 18.883). La ley contempla una excepción para cargos de auxiliares y administrativos, que pueden ser ocupados por personas condenadas por simple delito, salvo que se trate de delitos de funcionarios públicos (Título V del Libro II del Código Penal). Hay un matiz: si es su primera condena y cumple con una pena sustitutiva, la Ley 18.216 permite omitir el antecedente en el certificado, y la Contraloría ha revisado sus criterios sobre cómo afecta eso al ingreso a cargos públicos.
  • Pero sí podría volver a ser candidato. Para los cargos de elección popular la regla es otra. El artículo 74 de la Ley Orgánica de Municipalidades impide postular a alcalde o concejal solo a quienes estén condenados por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Como la pena del abuso sexual por sorpresa no puede llegar a ese nivel, una condena por este delito no le impediría, por sí sola, presentarse de nuevo. La excepción sería que el TER lo destituya: en ese caso, quedaría inhabilitado por cinco años.
  • La inhabilitación para trabajar con menores no aplica, en principio. El Código Penal (artículos 372 y 39 bis) impone la inhabilitación absoluta perpetua para trabajar en ámbitos educacionales o con contacto directo y habitual con menores de edad a quienes sean condenados por delitos sexuales cometidos contra un menor de edad. Según lo expuesto en la formalización, la denunciante es una mujer, y la Fiscalía no ha informado que sea menor de edad. Por eso, con los antecedentes conocidos, esa pena no correspondería. La Seremi de la Mujer mencionó posibles menores de edad entre los testigos, no como víctimas.

La renuncia

La tercera salida es voluntaria. El artículo 76 permite que un concejal renuncie por motivos justificados, y el propio concejo municipal debe aceptar la renuncia. Hasta el cierre de esta nota, Astudillo no había anunciado que renunciará.

¿Quién lo reemplazaría?

Si el cargo queda vacante, no hay nueva elección. El artículo 78 de la misma ley indica que asume el candidato de la misma lista que habría sido electo si esa lista hubiera obtenido un escaño más.

Astudillo fue electo en 2024 en la lista de Republicanos e Independientes, que logró dos escaños en La Serena: el suyo, con 5.427 votos, y el de Teresita Prouvay, con 4.109. Según los resultados recogidos por El Serenense, la siguiente más votada de esa lista fue la independiente Ximena Peñaloza Laurel, con 2.911 votos. Ese medio proyecta que sería la reemplazante, aunque la definición final depende del procedimiento legal.

Hay un dato político que no es menor: RN perdería el concejal que sumó en octubre. La ley mira la lista por la que el concejal fue electo, no el partido al que se cambió después, así que el cupo volvería a la lista republicana. Solo si esa regla no se pudiera aplicar, el concejo elegiría al reemplazante desde una terna propuesta por el partido al que el concejal pertenecía "al momento de ser elegido", según el texto de la ley, que también es el Republicano.

Cambiarse de partido tampoco le hizo perder el cargo a Astudillo. La pérdida del escaño por renunciar al partido se discute en el Congreso solo para diputados y senadores, no para concejales.

Quien asuma lo hará hasta el final del período, en diciembre de 2028.

Lo que sigue

  • TER: ingreso y tramitación del requerimiento de la alcaldesa y los concejales.
  • Fiscalía: 40 días de investigación en la causa penal.
  • RN: su directiva regional pidió al Tribunal Supremo del partido evaluar la expulsión del concejal, que se afilió hace seis semanas.

Se trata de hechos denunciados que no han sido establecidos judicialmente. El concejal Alejandro Astudillo goza de la presunción de inocencia.

Con información de Diario El Día, El Serenense, Diario Constitucional, el Código Penal, el Estatuto Administrativo y la Ley 18.695.

Lee también: Concejal Alejandro Astudillo es formalizado por abuso sexual por sorpresa en La Serena

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