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Lo que revela la auditoría forense a la Corporación GGV: cotizaciones descontadas y no pagadas, facturas fuera de la contabilidad y un informe que nadie ha pagado

La auditoría forense a la Corporación GGV halla $10.446 millones en cotizaciones descontadas y no pagadas. La empresa auditora aún no recibe pago.

Oficinas de la Corporación Municipal Gabriel González Videla en calle Ánima de Diego 550, La Serena

La auditoría forense que la alcaldesa Daniela Norambuena prometió para la Corporación Municipal Gabriel González Videla está terminada desde diciembre de 2025. Su informe final describe una contabilidad imposible de seguir, $10.446 millones en cotizaciones que se descontaron a los trabajadores y no se pagaron, y $10.672 millones en facturas que no aparecen en los libros. Pero dejó sin terminar la revisión de pagos irregulares, el corazón del encargo. Y la empresa que la hizo no ha recibido un peso: la Corporación no le paga y un fallo firme liberó al municipio del cobro.

El documento, de 65 páginas, fue elaborado por Fortunato y Asociados Limitada, está fechado el 19 de diciembre de 2025 y va dirigido "a la Presidenta y Directores" de la Corporación, cuyo directorio preside por estatuto la alcaldesa. Está publicado en la sección de transparencia del sitio web de la Corporación, aunque sus resultados no han sido presentados públicamente. Cubre el periodo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

Radar Diario revisó el informe, las bases de la licitación, el acta de evaluación, el contrato y sus anexos, la orden de compra, el acta del Concejo que votó el traspaso de la salud y el expediente judicial del cobro.

Una promesa de campaña

La auditoría forense fue una de las primeras promesas de Norambuena frente a la crisis de la Corporación. En septiembre de 2024, cuando aún era concejala y candidata, sostuvo que nadie conocía la deuda real de la entidad y que urgía una auditoría forense completa (Diario El Día). En diciembre, ya como alcaldesa electa, la anunció junto a un plan de ahorro y la reestructuración de la Corporación (Mi Radio).

La Resolución N° 25, del 5 de marzo de 2025, con la que la Corporación llamó a licitación, fijó un objetivo ambicioso: analizar "las irregularidades financieras que han llevado a una deuda acumulada superior a 50 mil millones de pesos", "identificar posibles irregularidades administrativas y delitos de carácter económico", reunir pruebas para acciones legales y "perseguir responsabilidades legales si corresponde". Por eso las bases exigían un equipo con abogados especialistas en delitos económicos, además de auditores y peritos financieros.

La Corporación estimó un presupuesto de $65 millones. Se presentaron cinco ofertas y Fortunato y Asociados, una firma de Valparaíso controlada por el contador auditor Franco Fortunato Gautier, ganó con el mayor puntaje, sobre todo por su precio: $32 millones, menos de la mitad de lo presupuestado. El contrato se firmó el 7 de mayo de 2025.

No es una empresa desconocida en el mundo municipal. Ha hecho auditorías encargadas por alcaldes recién llegados para revisar gestiones anteriores, como en Las Condes, donde detectó $45 mil millones en horas extras entre 2018 y 2023 (La Tercera), y en Peñalolén, donde encontró un déficit superior a $16 mil millones (T13). En esas comunas, los resultados se presentaron al Concejo y llegaron a la prensa.

"No expresamos una opinión"

La conclusión central del informe es que no se pueden validar los estados financieros de la Corporación entre 2020 y 2024.

"No expresamos una opinión sobre estos estados financieros", escribe la auditora, porque no pudo "obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría".

Las razones son de fondo. El sistema contable que la Corporación usa desde 2013 no tiene registros auxiliares que permitan saber qué partidas componen cada saldo, y nunca se hicieron los análisis de cuentas por fuera. Tampoco se hacían aperturas ni cierres anuales en el sistema, por lo que la información no se acumula de un año a otro, y las cifras de un mismo año no coinciden entre un balance y el siguiente. Los estados financieros los preparaba un profesional externo, porque el propio departamento de Finanzas reconoció que no sabe hacer los cierres contables. Un intento de migrar la contabilidad a otro sistema fracasó y, según funcionarios entrevistados, hubo pérdida de información.

Aun con esas salvedades, los propios balances de la Corporación, que la auditora consolidó, muestran el tamaño del problema: al 31 de diciembre de 2024 registraban deudas por $65.770 millones y un patrimonio negativo de $22.794 millones.

Cotizaciones descontadas y no pagadas

El hallazgo más grave para los trabajadores está en las cotizaciones. Al cruzar los libros de remuneraciones con Previred, la auditora concluyó que entre 2020 y 2024 la Corporación descontó a los funcionarios cotizaciones previsionales, de salud, de seguro de cesantía y aportes voluntarios, los declaró y no los pagó, por un total de $10.446 millones.

El informe advierte que esa práctica implica un riesgo de "malversación de fondos". También detectó ahorro previsional voluntario que se descontó a funcionarios de salud y ni siquiera se declaró.

La deuda con las AFP, según la información que la Superintendencia de Pensiones entregó a la auditora por Ley de Transparencia, llegaba en diciembre de 2024 a $31.398 millones con reajustes e intereses, por 35.613 afiliados. En diciembre de 2020 era de $8.451 millones. El monto nominal se mantuvo en torno a los $4.000 millones; lo que se disparó fueron los intereses y reajustes.

Con el fisco pasa algo parecido. La Corporación declaró y no pagó el impuesto único y las retenciones de honorarios de sus trabajadores en varios meses de 2021 y 2023 y en todo 2024. A junio de 2025, la Tesorería le cobraba $4.744 millones, incluidas multas e intereses.

Facturas fuera de los libros

La auditora descargó desde el Servicio de Impuestos Internos todas las facturas recibidas por la Corporación entre 2020 y 2024, que suman $55.396 millones, y las comparó con la contabilidad. Encontró $10.672 millones en facturas que no estaban registradas, otras anotadas por un valor menor y notas de crédito sin factura asociada. El informe lo califica como "pasivos omitidos": deudas que existen, pero que no figuran en los libros.

También constató que 25 de los 2.145 proveedores concentraron casi la mitad de las compras, $27.159 millones. Según el informe, la Corporación "no realizaba sus procesos de compras bajo el alero de mercado público", sino mediante compras directas "con nula trazabilidad", eligiendo proveedores "bajo criterios definidos por las autoridades de turno". La auditora no atribuye irregularidades a ninguno de esos proveedores en particular.

Detectó además a una veintena de proveedores cuya primera factura emitida en su historia fue a la Corporación, empresas nuevas que en el periodo recibieron $678 millones, y una factura de $19,5 millones que se pagó con cheque en febrero de 2024 aunque en el SII figuraba anulada.

Fondos de los colegios y de la salud que no estaban

En educación, la auditora comparó los saldos de subvenciones que la Corporación debía tener disponibles, como la Subvención Escolar Preferencial, el Programa de Integración Escolar y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, con lo que realmente había en sus cuentas. Al cierre de 2023 faltaban $6.639 millones; en 2020, la diferencia era de $12.245 millones. En salud, a fines de 2024 había $1.538 millones comprometidos en programas y solo $267 millones en la cuenta corriente.

El informe agrega que la Corporación traspasaba dinero entre cuentas bancarias para cubrir pagos, incluidas cuentas de fondos con destino restringido, como la SEP, el PIE y los programas de salud.

Para la auditora, esa práctica "puede ser considerada una malversación de fondos".

Boletas, desvinculados y una caja fuerte con tres llaves

El informe registra 99.578 boletas de honorarios recibidas entre 2020 y 2024, de las cuales 26.993 fueron anuladas, sin más control que registrarlas y pagar el impuesto, y advierte sobre "posibles pagos no justificados o duplicados". Fue justamente un esquema de boletas de honorarios falsas el que permitió el fraude de $762 millones en el Departamento de Salud por el que ya hay condenas.

La auditora también encontró funcionarios desvinculados que seguían recibiendo sueldo, porque el sistema de remuneraciones no alertaba de las bajas; contrataciones que podía pedir cualquier director de establecimiento sin autorización central; boletas de garantía sin contrato asociado ni control de vencimiento, y retiros de efectivo de alto monto sin procedimiento, con una caja fuerte cuya clave y llave conocían los tres funcionarios de Tesorería.

El problema del personal no terminó con el periodo auditado. Durante la actual administración, el gasto en honorarios del municipio casi se duplicó: de 583 personas y $577 millones mensuales en enero de 2025 a 926 personas y $1.030 millones al mes en abril de 2026, según una denuncia ante la Contraloría elaborada con datos de transparencia del propio municipio, que publicó Radar Diario. La misma denuncia identificó contrataciones en la Corporación de personas con vínculos políticos o familiares con autoridades y pidió a la Contraloría revisar si hubo conflictos de interés.

Lo que quedó pendiente

El informe se presenta como final, pero deja abiertos los puntos que más interesaban. En la sección sobre "transferencias, pagos o gastos irregulares", la auditora escribe que ese objetivo "se encuentra en etapa de determinación de muestras al cierre del presente informe". En la de control interno, anota que la evaluación "se realizará en las próximas semanas". Tampoco identifica a responsables ni recomienda acciones legales concretas, pese a que las bases pedían "identificar posibles irregularidades administrativas, delitos económicos e involucrados".

La auditora atribuye parte de las limitaciones a la propia Corporación. Su primera solicitud de información, del 26 de mayo de 2025, fue reiterada dos veces en junio, y varias piezas, como las notas a los estados financieros, el detalle de los traspasos con la Municipalidad y los análisis de cuentas, figuran como "no entregada". Lo mismo quedó escrito en los dos anexos que ampliaron el plazo del contrato, en octubre y noviembre de 2025: la Corporación y la empresa atribuyeron el atraso a "los retrasos de entrega de información por parte de la Corporación".

Esas prórrogas se firmaron en medio de cambios constantes. Según los documentos del contrato, la Corporación tuvo al menos cuatro secretarios generales desde diciembre de 2024: Claudio Arriagada Momberg, Nilo Lucero Arancibia, Marcelo Gutiérrez Gutiérrez y Eduardo Rodríguez Pinilla, que la representa en 2026.

Gutiérrez, militante de RN y colaborador de Norambuena desde la Intendencia, firmó la segunda prórroga y desde marzo de 2026 es jefe de gabinete de la Municipalidad, como informó Radar Diario.

Un traspaso votado sin mencionar la auditoría

El 5 de diciembre de 2025, dos semanas antes del plazo final de la auditoría, el Concejo Municipal aprobó crear la Dirección de Salud y Cementerios para absorber las funciones de la Corporación. Votaron a favor la alcaldesa y los concejales Francisca Barahona, María Teresita Prouvay, Camilo Araya, Marcela Damke y Luisa Jinete. Se abstuvieron Cristian Marín, Rayén Pojomovsky y Gladys Marín.

Según el acta, nadie mencionó la auditoría forense. Cristian Marín justificó su abstención en la falta de antecedentes sobre la situación financiera y en "la ausencia de un informe de Control Interno". El informe recoge que, durante la auditoría, el directorio de la Corporación decidió disolverla, algo que "debiese materializarse durante el año 2026".

El informe que nadie ha pagado

El contrato amarró los pagos al avance del informe: la última cuota, de 35%, correspondía al informe completo. También estableció que el informe es "de propiedad de la Corporación" y prohibió a la auditora divulgarlo sin su autorización (ver informe aquí).

Fortunato emitió cuatro facturas por un total de $32 millones, entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Según los documentos que la propia Municipalidad presentó en tribunales, la Corporación certificó el cumplimiento de todas las etapas. El certificado de la última, la del informe completo, está fechado el 24 de diciembre de 2025, cinco días después del informe que dejaba pendiente la revisión de pagos irregulares.

No se pagó ninguna factura

El dinero estaba presupuestado. El 21 de abril de 2025, dos días antes de adjudicar la licitación, el Departamento de Finanzas de la Corporación emitió el certificado de disponibilidad presupuestaria N° 183, que acredita que existían $32 millones para el contrato, con cargo al área de Administración. La orden de compra emitida en octubre de 2025 también deja constancia de ese certificado. Este tipo de documento asegura que el gasto está contemplado en el presupuesto, aunque no garantiza que haya caja al momento de pagar. La Corporación ha dicho que sus pagos dependen de lo que le transfiera el municipio.

En julio de 2026, Fortunato demandó por los $32 millones a la Corporación y a la Municipalidad de La Serena (Rol C-1532-2026, 3° Juzgado de Letras de La Serena). La Corporación no se defendió. El municipio, a través de su abogado Claudio Rojas Laulié, alegó que no participó en la licitación ni firmó el contrato y que no es responsable de las deudas de la Corporación.

La auditora respondió que la Corporación es un "brazo extendido" del municipio, porque su directorio lo preside el alcalde o la alcaldesa.

El 13 de octubre de 2026, la jueza Cecilia Rojas Nogerol le dio la razón al municipio: fue la Corporación la que contrató y se comprometió a pagar, y que la alcaldesa presida su directorio no basta para trasladarle sus deudas. Nadie apeló, y el 11 de noviembre el tribunal certificó que la sentencia está firme. La ejecución sigue solo contra la Corporación. No hay pagos registrados en la causa, y la auditora pidió al tribunal oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero para encontrar cuentas bancarias de la Corporación que embargar.

Otra deuda más

El cobro se suma a los compromisos que la Corporación no ha podido cumplir. Eurocapital le cobra $834 millones por el leaseback de su edificio de Ánima de Diego 550 y pidió al Concejo evaluar un eventual notable abandono de deberes. La Corporación enfrenta además embargos, como los de las máquinas Transbank de los cementerios. Su secretario general, Eduardo Rodríguez Pinilla, ha dicho que la prioridad de pago son los sueldos y las cotizaciones, y después las causas judiciales.

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