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Rabat firmó rebaja de condena a exauxiliar del Colegio Apoquindo: ¿debió abstenerse?

El ministro de Justicia firmó en abril la rebaja de 16 meses a Margarita Villegas, condenada por violación y abuso sexual de niños del Colegio Apoquindo. Entre 2014 y 2023 había sido abogado de uno de los dueños del colegio en la demanda civil de las familias de las víctimas. Él asegura que nunca defendió a los condenados; una experta en derechos de la infancia y diputados de oposición sostienen que debió inhabilitarse.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta cuestionamientos por la rebaja de condena en el caso Colegio Apoquindo.

Margarita Villegas Lagos volvió a aparecer en la lista menos esperada. La exauxiliar del Colegio Apoquindo de Lo Barnechea, condenada en 2013 a 15 años y un día de presidio por violación y abuso sexual de niños del establecimiento, es una de las 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores que recibieron rebajas de condena durante la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Y el caso trae un antecedente que complica al secretario de Estado: durante casi una década fue abogado de uno de los dueños del colegio, demandado por las familias de las víctimas.

Un caso que conmocionó al país

Las denuncias estallaron en 2012 y apuntaban a dos auxiliares del colegio: Villegas y su marido, Esteban Moya Godoy. En diciembre de 2013, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Villegas a 15 años y un día por dos violaciones y un abuso sexual impropio, y a Moya a 11 años y un día (Cooperativa).

Moya ya había obtenido una rebaja de 22 meses en diciembre de 2021, tras una resolución de la Corte Suprema. La de Villegas llegó el 17 de abril de 2026: 16 meses menos de cárcel, con la firma de Rabat (El Desconcierto).

Hay un dato clave en la cronología. En febrero de 2026, el entonces ministro Jaime Gajardo rechazó la solicitud de Villegas. Fue la Corte Suprema la que en abril, cuando Rabat llevaba cerca de un mes en el cargo, ordenó al ministerio dictar el decreto (T13).

El vínculo del ministro

Después de la condena penal, las familias demandaron civilmente al colegio, a sus sociedades, a sus directivos y a los dos auxiliares. Entre 2014 y 2023, Rabat representó a Sebastián Navarrete Herrera, uno de los propietarios demandados. Las familias pidieron $6.400 millones; el primer fallo fijó $1.600 millones, la Corte de Apelaciones los bajó a $570 millones y la Suprema confirmó ese monto en 2023 (T13).

Para el diputado Juan Santana (PS), el fallo judicial no exime al ministro. "Es cierto que hubo un pronunciamiento por parte de la Corte, pero también es cierto de que el ministro éticamente lo que correspondía era que se inhabilitara frente a una situación en donde ya tuvo una participación como abogado", dijo en un reportaje de CHV Noticias.

Rabat descartó cualquier irregularidad: "No tuve ninguna participación en el proceso penal que usted está señalando. Después de dictarse sentencia definitiva en esa causa penal, se demandó civilmente a los dueños del colegio y yo representé a esos dueños que habían sido demandados civilmente. No hay ninguna defensa mía a las personas condenadas penalmente".

Qué dice la ley

La Ley 19.880, que regula los procedimientos administrativos, obliga a las autoridades a abstenerse de intervenir cuando se da alguno de cinco motivos. Uno de ellos es tener relación de servicio con una persona interesada directamente en el asunto, o haberle prestado servicios profesionales en los dos años anteriores. La misma norma aclara que no abstenerse no anula necesariamente el acto, pero sí genera responsabilidad para la autoridad (Ley 19.880, art. 12).

Para Esther Valenzuela, abogada de Derecho a la Infancia de la Universidad Diego Portales (UDP), esa norma alcanza al ministro.

"Aplica en este caso. El ministro fue abogado, contraparte de las familias de los niños víctimas. Por prudencia, él debió haberse abstenido", dijo a CHV Noticias.

Tres frentes abiertos

El caso Apoquindo se suma a una crisis mayor. La Fiscalía Centro Norte investiga, a cargo del fiscal regional Francisco Jacir, una eventual prevaricación administrativa de Rabat y del subsecretario Luis Silva, tras una denuncia de los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) (Pauta). Como primera diligencia, pidió al ministerio los 56 decretos y sus antecedentes, con un plazo de siete días hábiles.

Cuello no confía en que el ministro coopere. "Yo tengo serias dudas de la voluntad del ministro de colaborar, pero creo que la Fiscalía tiene el imperio, la Fiscalía tiene el poder", dijo a CHV Noticias, y agregó que el organismo cuenta con herramientas para obligar a Rabat a entregar la información. El ministro respondió que la solicitud "corresponde dentro de sus facultades" y que el plazo de siete días hábiles "aún no vence".

La Contraloría, en tanto, fiscaliza al Ministerio de Justicia desde fines de octubre por estas rebajas, a raíz de denuncias recibidas (Meganoticias).

El tercer frente es el Congreso. La oposición presentó el 12 de noviembre una acusación constitucional de tres capítulos contra Rabat, y el 17 de noviembre se constituyó la comisión revisora, presidida por el diputado Raúl Soto (Cámara de Diputados). Las posiciones están lejos de acercarse.

La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) fue tajante: "El ministro es el ministro de la impunidad actualmente. Liberó a pedófilos, liberó a violadores de derechos humanos, liberó a violadores de niños. Y en ese sentido, lo que estamos buscando es, al menos en algo, tener responsabilidades políticas", dijo a CHV Noticias.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) acusó a la oposición de usar el caso con fines políticos: "Finalmente, ellos están haciendo un aprovechamiento político, están promoviendo y tratando de sacarle la mayor rentabilidad a esto para justamente entrabar la gestión del gobierno".

Rabat ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte Suprema obligaba a su cartera a conceder las rebajas y que en el gobierno anterior también se firmaron cientos de ellas. Sin embargo, una revisión de CIPER mostró que la administración de Gabriel Boric rechazaba estas solicitudes y las litigaba en tribunales, y que solo firmaba los decretos cuando una corte lo ordenaba. El caso de Villegas sigue justamente ese patrón: Gajardo la rechazó y la Suprema la ordenó. La diferencia, esta vez, está en quién puso la firma.

Lee también: Acusación contra Rabat: oposición revisa el libelo con siete abogados y apura su presentación

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