"La firma del Presidente": salud mental comunitaria responde a Rabat por rebajas de condena a abusadores

La Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile (SOSAMCHI) se sumó a las críticas contra el Gobierno por las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y a internos de Punta Peuco. En una declaración pública, la organización acusa "indolencia" de las autoridades frente al daño de las víctimas y responsabiliza directamente al Presidente José Antonio Kast.

El texto, titulado "La firma del Presidente", responde a la defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien aseguró que Kast "no estaba en conocimiento de esta situación". Según Rabat, la frase "Por orden del Presidente" que aparece en los decretos es un "tecnicismo que se ocupa con la delegación de facultades" (El Mostrador).

"Como si se tratara de unas vacaciones"

Para SOSAMCHI, ese argumento no libera al Mandatario. La organización afirma que el ministro "ha pretendido proteger al Presidente esgrimiendo un artilugio burocrático", y compara la firma de los beneficios con "la autorización de vacaciones de un funcionario o una orden de compra de artículos de escritorio".

"No importa, en absoluto, quien imprimió la rúbrica final de los documentos. El indulto a abusadores de menores y a criminales de lesa humanidad lleva impuesta, con letras marcadas e imposibles de ignorar, la firma tanto del presidente como la de todo su gobierno", señala la declaración.

La entidad también cuestiona la trayectoria de Rabat, de quien dice que es "leal a su patrón como lo fue en la defensa del dictador".

Indulgencia e indolencia

La declaración parte de una distinción entre dos palabras. La indulgencia, explica, es la capacidad de perdonar ante una falta, y de ahí nace la figura del indulto. La indolencia, en cambio, es "la indiferencia y la ausencia de dolor ante un hecho que podría o debería provocarlo".

Según SOSAMCHI, un acto republicano "de gran sensibilidad y complejidad" se transformó en "un mero trámite por un gobierno al que el dolor ajeno y el impacto de los vulnerados parece importarle cada vez menos". La organización vincula esta decisión con otras medidas del Ejecutivo, como "la pérdida de los fondos de pensiones o los recortes presupuestarios para beneficios sociales básicos, todos dominados por la misma firma".

"¿Amarán nuestras autoridades a sus hijos tanto como el resto de los ciudadanos a los propios?", pregunta el texto.

Un llamado a la comunidad

En su cierre, la declaración llama a las comunidades a "desprenderse de la niebla de las lógicas partidistas y economicistas" y a construir "un nuevo acuerdo sobre cómo cuidamos nuestro presente y construimos nuestro futuro, fundado en el encuentro, el diálogo y el cariño".

"Es ahora cuando la rúbrica de lo que somos se impone a cualquier firma", concluye.

El contexto

Durante el actual Gobierno, el Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, además de dos rebajas a internos de Punta Peuco condenados por tortura y secuestro. La oposición sostiene que una ley de 2022 impedía otorgar este beneficio en delitos sexuales contra menores; el Gobierno alega un vacío legal para las condenas anteriores a esa fecha.

Además de Rabat, los decretos fueron firmados por otras autoridades del ministerio, entre ellas el subsecretario Luis Silva (La Tercera). El Presidente Kast reconoció un "error", pero mantuvo al ministro en su cargo (T13). El Ministerio de Justicia suspendió la tramitación de nuevas rebajas para este tipo de delitos, aunque las ya otorgadas siguen vigentes.

SOSAMCHI reúne a profesionales y organizaciones que trabajan en salud mental desde un enfoque comunitario.